Magistrados Ortega y Mejía se abstienen de ser auditados
‘Si yo estuviera en el cargo, permito que vengan, analicen y auditen mis cuentas'. Así reaccionó la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño, al ser consultada sobre la decisión del magistrado Harry Díaz de autorizar públicamente este lunes al presidente del alto tribunal, José Ayú Prado, para que audite sus bienes, mientras sus colegas Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, ignoran los reclamos ciudadanos.
‘Cuando yo fui nombrada en la Corte (octubre de 2004) presenté mi declaración de bienes el primer día y lo volví a hacer diez días antes de salir del cargo', recordó Troitiño, quien en junio del año pasado fue elegida para ocupar uno de los cuatro puestos como comisionada interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, periodo 2016-2019.
La mirada está puesta sobre los magistrados Díaz, Ortega y Mejía, quienes están al frente de dos de las siete investigaciones contra el expresidente Ricardo Martinelli, fungiendo como fiscal o juez de garantías. El Frente Nacional contra la Corrupción quiere saber si han ‘dormido' los casos, luego de insinuaciones de coimas por $6 millones.
El Frente Anticorrupción solicitó el 12 de marzo en una misiva a Ayú Prado que realice una auditoría forense a las cuentas bancarias, compañías donde tengan derecho a firma y los bienes de propiedad de los tres magistrados y de encontrar anomalías presente la denuncia a la Asamblea Nacional, entidad que procesa a los magistrados.
Troitiño añadió que no hay duda que el sistema de justicia debe hacer un alto, porque no puede seguir en medio de las dudas.
A su juicio, la transparencia y la rendición de cuentas es algo más que mostrar sus cuentas y propiedades, porque buscaría tener un efecto mediático. ‘¿Queremos efectos mediáticos o respuestas de largo alcance para de una vez sentir que el sistema de justicia marcha bien?', pregunta.
TRANSPARENTE
El abogado y exembajador de Panamá ante la OEA Guillermo Cochez consideró que los magistrados ‘no deben temer' a que los auditen, ya que comparte la opinión de que es una medida saludable y transparente en el sistema de justicia.
‘Ellos están en obligación de presentar su declaración de bienes', arguyó Cochez. Para Troitiño ese necesario como mecanismo de control para detectar si el funcionario incurrió en enriquecimiento injustificado.
César Ruiloba, expresidente del Colegio de Abogados, también invoca la necesidad de normas de transparencia que obliguen a todo servidor público a rendir cuentas sobre su patrimonio.
‘Me resulta impropio que esta obligación sea discrecional de los servidores; es decir, entrego o no la información porque quiero y no porque la ley lo impone', cuestionó.
Desde la óptica de Ruiloba, todos los magistrados tienen la obligación de presentar y rendir cuentas.
Aun así, expuso que en este momento no resulta oportuno auditar a los magistrados si no se cuenta con una declaración patrimonial que establezca qué bienes poseían al momento en que iniciaron en el cargo. ‘Hacerlo ahora permitiría legitimar bienes en circunstancias que no estarían claras', enfatizó.
El abogado y catedrático Ernesto Cedeño expresó que si los magistrados Ortega y Mejía imitan la decisión de Díaz, el hecho no transcenderá.
La decisión de Díaz, según Cedeño, es aplaudible, pero desde el punto de vista jurídico Ayú Prado no tiene facultad para auditar a nadie, porque la Asamblea es la institución que investiga.
Recomenó al Frente Anticorrupción o a cualquier otro ente formal que tenga sospecha de que algún magistrado se ha enriquecido, que denuncie formalmente, como en el caso del exmagistrado condenado Alejandro Moncada Luna.
El silencio de Ortega y Mejía, agregó, ‘no le resta ni valor ni credibilidad ni independencia al caso'.
No obstante, el magistrado Díaz, como para motivar a sus colegas Ortega y Mejía, en la misiva 021-16 del 14 de marzo, dirigida a Ayú Prado, resaltó que autoriza la auditoría, ya que ‘para la tranquilidad de la ciudadanía todo funcionario público debe ser un libro abierto en cuanto a sus bienes'.