Magistrado Mejía guarda silencio sobre extradición de Ricardo Martinelli
Cinco días después de que el magistrado Jerónimo Mejía juez de garantías en el caso de los pinchazos anunciara que activó los trámites para la extradición del expresidente Ricardo Martinelli por este caso, el hermetismo que guarda es total y ello ha provocado serios cuestionamientos de la sociedad civil.
Mejía no ha contestado llamadas a su celular ni mensajes que le ha dejado este diario para conocer cuáles han sido las acciones legales que ha tomado en este proceso, en el que se acusa a Martinelli de la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
También se consultó con la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial y la encargada, Gloria Leiva, informó que no podía dar información al respecto.
El silencio del magistrado creó más incertidumbre, cuando la Cancillería informó este miércoles en la tarde que no ha recibido la solicitud de extradición. Al mismo tiempo, el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, confirmó que si bien Mejía le remitió una nota para detener a Martinelli en Panamá, no envió una petición de captura a Interpol, acto que todavía debe concretar.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que ante la especulación que existe por la falta de claridad e información de Mejía, es recomendable que la Corte Suprema de Justicia diga cuáles han sido sus acciones en el caso.
EXIGEN INFORMACIÓN SOBRE DECISIONES DE MEJÍA
El silencio total del magistrado Jerónimo Mejía –juez de garantías en el proceso que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos– tiene confundidas a las víctimas y a dirigentes de la sociedad civil, quienes exigen conocer cuáles han sido sus últimas actuaciones relacionadas con este proceso.
“El hecho de que se haya dado una orden a la Policía Nacional, en lo personal no sé si es una orden para lo interno o una orden para que se proceda a través de Interpol, porque en este sentido la Corte ha sido muy parca y no ha dado mayor información”, sostuvo Mitchell Doens, dirigente perredista y víctima de los pinchazos al explicar la confusión que hay en el ambiente generada por el “hermetismo” de Mejía.
Según Doens, este asunto no debe manejarse con tanto “misterio”. “Si es una orden para la Interpol, que se diga, porque ese es un documento público”, acotó.
Advirtió que también hay desinformación de la Corte en cuanto a si se tramitó o no un pedido de extradición a través de la Cancillería.
Denunció que el “hermetismo” que rodea los últimos hechos generan “suspicacias”.
En relación con la extradición, Carlos Herrera Morán, defensor legal del dirigente médico Mauro Zúñiga, quien también es víctima en el proceso, respondió: “queremos pensar que es un problema de valija, porque el Órgano Judicial dice que sí la enviaron y que la enviaron por valija, y debemos pensar que es la mensajería que ha tenido algo de demora”.
Herrera Morán informó que en la tarde de ayer, la Cancillería le comunicó que no había recibido ninguna orden de extradición de Martinelli.
Indicó que lo que sí se confirmó es que la Policía Nacional recibió un pedido para detener a Martinelli en el territorio nacional, pero no se conoce si se hizo igual pedido a Interpol.
Sobre la petición a la Policía Nacional, el director de esa entidad, Omar Pinzón, informó este miércoles en la tarde que remitió una carta a Mejía, en la que le contestó que el expresidente no fue localizado ni en su domicilio ni en su empresa en Panamá.
Pinzón explicó que la carta de Mejía pedía que la Policía localizara en Panamá a Martinelli, con fines de arresto. Precisó que la carta no incluyó ningún pedido a Interpol para localizar y arrestar a Martinelli en el extranjero.
SOCIEDAD CIVIL EXIGE CLARIDAD A LA CORTE
El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, aseguró que la Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de actuar con agilidad en los procesos, aunque admitió que en algunos casos se registran retrasos debido a la burocracia judicial.
Precisó que el Gobierno puede recurrir a la política internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para encontrar mecanismos menos burocráticos que puedan concluir con la comparecencia de Martinelli en este proceso.
También, señaló que Panamá puede invocar convenios internacionales que ha suscrito para combatir la corrupción, en los que otros países se han comprometido a ayudar para dar información y agilizar los procesos.
Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, destacó que la base de las instituciones y la confianza que tienen los ciudadanos requiere de transparencia, por lo que los ciudadanos tienen el derecho de conocer el proceso y saber cómo se está desarrollando.
“Ese es un derecho que tenemos los ciudadanos, quienes hemos delegado nuestra representación en autoridades y demandamos que cumplan con lo que establece la ley”, sostuvo la dirigente de la sociedad civil al referirse al hermetismo en el proceso de los pinchazos telefónicos.
Indicó que la estrategia de comunicación por parte de las autoridades no es clara, en este caso la Corte Suprema de Justicia, “lo que genera es suspicacia y por supuesto eso profundiza más la crisis de institucionalidad que hay en este país”.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, sostuvo que ante las especulaciones que han surgido por la falta de claridad, sería recomendable que el Órgano Judicial divulgue, a través de la oficina de prensa, un comunicado en el que Mejía explique al país cuál es la decisión que tomó para ejecutar la orden que el pleno de la Corte Suprema de Justicia le dio para detener provisionalmente al expresidente Ricardo Martinelli, a fin de que responda ante la justicia por los pinchazos telefónicos que supuestamente se realizaron en su administración a través del Consejo de Seguridad Nacional.