Magistrado Díaz reitera que expresidente Martinelli debe estar en Panamá para continuar con caso de ‘pinchazos’
El magistrado fiscal Harry Díaz a cargo del caso de pinchazos telefónicos ratifico que la presencia en Panamá del expresidente Ricardo Martinelli es necesaria para continuar avanzando en el caso.
A Martinelli se le acusa de espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas a través del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que se le investiga por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y peculado.
"El proceso tiene que seguir adelante. La parte del fiscal ya se cumplió, ahora tenemos que esperar a que la persona (el expresidente Martinelli) venga al país a efectos de seguir con los trámites del mismo proceso", expresó Díaz.
En la actualidad el expediente de los pinchazos está siendo traducido al inglés para poder pasarlo a Interpol y solicitar la captura del expresidente Ricardo Martinelli a nivel internacional.
El pasado 21 de diciembre, el pleno de la Corte, durante una audiencia, ordenó la detención provisional de Martinelli y comisionó al magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, para que tramitara la orden de arresto contra el exmandatario.
De forma unánime, los magistrados de la Corte suprema de Justicia declararon legal la orden de detención provisional contra el expresidente Ricardo Martinelli, expedida el pasado 21 de diciembre.
En la Corte Suprema se tramitan 12 procesos contra Ricardo Martinelli por delitos de peculado, corrupción de funcionario público y tráfico de influencias.
El exmandatario se encuentra fuera del país desde hace un año, cuando viajó a Guatemala para participar en las sesiones del Parlamento Centroamericano.
Sus abogados han denunciado que es objeto de persecución política por parte de la administración de Juan Carlos Varela.
A Martinelli se le acusa de espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas a través del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que se le investiga por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y peculado.
Esta investigación mantiene tras las rejas a los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno pasado Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, mientras que dos exfuncionarios de esa entidad se encuentran prófugos de la justicia.
Entre los espiados se cuentan miembros de la sociedad civil, empresarios, sindicalistas, políticos de todos los partidos, periodistas, entre otros.