Luis Cucalón, acusado de falsificación de documento
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) interpuso una querella penal contra Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, por el supuesto delito de “falsificación ideológica de documento público”, que según el Código Penal está sancionado con prisión de cuatro a ocho años.
La acusación se refiere al contrato entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y Cobranzas del Istmo, firmado en 2010 por Cucalón con el objetivo de recuperar impuestos morosos.
El MEF argumenta que el contrato contiene una declaración falsa, ya que se dice que se formalizó bajo la figura de “excepción de acto público y autorización de contratación directa”, pero Cucalón no tramitó la autorización para hacer una compra directa, algo que “resultaba obligatorio” desde el punto de vista del MEF. “Este procedimiento nunca se realizó, mas se insertó como cumplido en el contrato…”, dice la querella.
La Ley de Contrataciones Públicas determina a qué instancia se debe elevar la solicitud para hacer una contratación directa dependiendo del monto. Si la compra es inferior a $300,000 la evaluación y aprobación corresponde al propio MEF; las adquisiciones entre $300,000 y $3 millones deben recibir el visto bueno del Consejo Económico Nacional; y aquellas que superen los $3 millones requieren la aprobación del Consejo de Gabinete.
La investigación del MEF determinó que Cucalón no tramitó la autorización en ninguna de las instancias.
Consultado ayer al respecto, Cucalón señaló que la contratación de Cobranzas del Istmo se apegó a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 22 de 17 de marzo de 2010, que reglamentó la contratación de gestores de cobro y que al no tener un monto fijo el contrato —los honorarios de la empresa dependían de cuánto dinero moroso recuperaran— no se podía determinar a qué instancia solicitar la autorización. Cucalón argumentó también que el contrato fue revisado por el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, quien era asesor legal de Dulcidio De La Guardia cuando este ejerció como viceministro de Finanzas.
En el seno del MEF se considera que esta contratación debió haber sido evaluada por el Consejo de Gabinete. La norma establece que una compra directa debe ser autorizada previamente y, en este caso, el monto pagado a la empresa supera los $47 millones.
Mientras que el MEF considera que estos pagos se constituyen en un “perjuicio consumado en detrimento directo del Estado panameño”, Cucalón dijo que si ese el monto que se pagó a la empresa significa que se recuperaron más de $400 millones para el Estado. Añadió que “yo siempre cobré con la ley de frente. Que pongan todas las querellas y demandas que quieran. Si hubiera hecho algo ilegal no estaría ya en Panamá”.
Este proceso es independiente de los que se siguen en el MEF y en la Corte Suprema de Justicia para determinar la legalidad del contrato. Desde el pasado 8 de enero, la Sala Tercera de la CSJ decretó la suspensión temporal del mismo por lo que la empresa ya no estaría facultada para seguir cobrando a los contribuyentes morosos.