Los suplentes

Los científicos aseguran que en algún momento en el futuro seremos reemplazados por nuestros propios “dobles”, es decir, por robots con inteligencia igual o superior al promedio de los seres humanos. Ellos tendrán la capacidad para fabricar y reparar sus propios órganos o partes metálicas, lo que los haría inmortales.

Y algunos escritores de guiones de cine han llegado a sugerir que, muy probablemente, esas máquinas inmortales podrían existir ya en algunos planetas distantes de nuestra galaxia. Sin embargo, mucho más cerca, aquí en Panamá, nuestra fauna política se las ha ingeniado para crear una versión local de esos dobles, pero en forma humana, dándoles el nombre de “suplentes”. Y lo han hecho para suplir la absoluta irresponsabilidad de sus principales.

Es así como los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los 72 diputados de la Asamblea Nacional y poco más de 500 concejales de los gobiernos locales tienen sus respectivos “suplentes”, que no solo disfrutan de inmerecidos salarios y/o gastos de representación, sino que disfrutan de privilegios, como autos libres de impuestos, celulares con tiempo pagado, dietas para asistir a reuniones extraordinarias, viajes y viáticos pagados por el Estado y un interminable etcétera.

Los “suplentes” asumen las funciones de los principales cuando estos se ausentan, generalmente para beneficiarse de viajes domésticos o a otros países pagados con fondos públicos. Tal es el caso de los magistrados que controlan la CSJ quienes, en lugar de administrar justicia de manera “expedita e ininterrumpida”, como se los ordena la Constitución que juraron cumplir, se han dedicado a viajar en costosa primera clase por todo el mundo. Incluso alguno, desafiando aquel principio que aprendimos cuando niños de que solo Dios tiene el don de la ubicuidad, estuvo en tres lugares al mismo tiempo y, por semejante proeza, cobró los respectivos viáticos. Justo es decir que al menos hubo un magistrado (James Harley Mitchell) que renunció, responsablemente, a esos beneficios en cumplimiento de la norma constitucional que dice: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacionalidad, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

Pero los “suplentes” también nos han demostrado que no son menos vivos que sus principales. Con frecuencia la televisión nos muestra que ellos también se ausentan de las sesiones, pero cobran puntualmente. ¿Por qué no? Después de todo es el dinero de los contribuyentes, los mismos que los eligieron para que ejercieran sus cargos con responsabilidad.

Realmente no sabemos qué hacen esos representantes electos, más que cobrar sin trabajar, exigir partidas presupuestarias para obras invisibles, y hacer favores con fondos públicos para hacer los “méritos” necesarios para su reelección. Tal es el derroche de los dineros del Estado, que nos gustaría que cuando aparezcan los robots inteligentes en el mercado, estos reemplacen a esa clase que ha aprendido a vivir, pasear y disfrutar con plata ajena. Y para hacer accesibles los robots al ciudadano común, el Estado bien podría extender subsidios para su adquisición, de la misma forma que se aplican a la electricidad y los tanques de gas.

Imaginémonos por un momento a nuestros robots suplentes versión masculina y femenina reemplazándonos en el trabajo y hasta cobrando nuestros salarios, pero sin gastarlo. Y en el caso de que por alguna travesura el brazo largo de la ley nos alcance, pudiésemos transferir la responsabilidad a nuestro “suplente”. Este podría servir en nuestro lugar el término de la pena y hasta someterse al proceso de resocialización con otros robots que reemplacen a sus principales por faltas penales.

Pero aun en tal caso, habría que reprogramar a nuestros robots “suplentes” para evitar que se contagien de malos hábitos en prisión, como el de chismear y compartir los secretos de sus principales.

En ese mundo ideal del futuro, nuestro sistema de justicia robótica sería mucho más expedito, eficiente e imparcial que el administrado por los actuales magistrados, evitando que miles de humildes panameños sigan pasando años en prisión sin un juicio justo. Y no menos importante, nos permitiría ser ciudadanos irresponsables, igualándonos de esta manera a nuestros “honorables” políticos y administradores de justicia.