Los acusados de corrupción y las auditorías forenses
Cada vez que alguno de los implicados en los casos de corrupción del gobierno anterior es interrogado por cualquier medio de comunicación social o cuando sale de una fiscalía, aduce que es víctima de auditorías amañadas y que las mismas no son competentes.
Rebuscan todo tipo de argumentos para cubrir la cantidad de delitos que hoy los catalogan en la picota pública como los más perversos administradores de un gobierno que solo se dedicó a esquilmar los fondos públicos.
Estos nuevos ricos, que deben reportarse periódicamente, saben que las investigaciones para deslindar sus culpabilidades se fundamentan en los resultados de auditorías forenses que profesionales idóneos, especializados en esta prácticas, los vinculan a ilícitos.
Se han descubierto numerosos casos, como sobreprecios en la compra de materiales y equipos, a la vista de todos los ciudadanos que esperan la certeza del castigo, porque además están ligados a los montos altísimos de la deuda pública.
Los análisis de los auditores forenses merecen todo el respaldo de los superiores y del público en general. Estos se orientan a la investigación de los perpetradores de un crimen económico. Es una auditoría especializada para descubrir los fraudes y actos presumiblemente ilegales.
Las quejas de los implicados, como los exdirectivos de pequeñas y medianas empresas, exministros de Educación, de Seguridad y otros, sobre las auditorías forenses a las que han sido sometidos, son injustificadas. Pasan también por el tamiz de la Contraloría General antes de parar a manos de un fiscal.
No solo se percibe que cometieron delitos. Las auditorías forenses, que no son unas auditorías corrientes, evidencian la práctica del dolo, cuya penalidad es determinada por los jueces. Cuantifica los fraudes financieros con base en técnicas precisas para combatir el delito y trabajan estrechamente con la aplicación de justicia, construyendo pruebas periciales.
En consecuencia, los lamentos de uno y otro encausado, como son los anteriores directores de la Caja de Seguro Social, envueltos en más de una docena de procesos, no tienen cabida ni son excusa alguna para ocultar sus delitos.