Los abogados de Martinelli se quejan ante la CIDH
Los abogados Sidney Sitton Ureta, Alma Cortés Aguilar y Luis Eduardo Camacho González acusaron ayer al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que consideran acciones de persecución e intimidaciones de la actual administración gubernamental, liderada por Juan Carlos Varela.
La petición presentada ayer en Washington, capital de Estados Unidos y sede de la CIDH, aún debe cursar los trámites protocolares para ser admitida o rechazada por esta oficina.
Según el documento, al concluir el mandato del expresidente Ricardo Martinelli, la actual administración inició una serie de acciones judiciales en contra de los abogados citados.
Entre ellas citan una persecución política en su contra para la cual utilizan instituciones públicas. Las violaciones que denuncian se resumen en allanamientos, ataques mediáticos y amenazas a la integridad física y psíquica de los abogados Sitton (defensor de Martinelli), Camacho González (abogado miembro de Cambio Democrático) y Cortés (subsecretaria general de CD).
Entre los procesos que detalla la petición ante la CIDH se mencionan dos auditorías del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contra el despacho de Sitton, tres contra el despacho de Cortés (varios de ellos instruidos por la Contraloría), y contra Camacho un caso iniciado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Los abogados denuncian que se les ha violado el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad ante la Ley, derecho a la protección judicial, derecho al trabajo y falta de adecuación del derecho interno panameño.
Por tanto, solicitaron a la CIDH que recomiende al Gobierno de Panamá restablecer los derechos violados de las víctimas, repararlas por los daños y perjuicios ocasionados (lucro cesante, daño moral, disculpas públicas en los medios), y que se adopten medidas cautelares a su favor.
La petición consta de 136 páginas que se desglosan en la justificación de la petición y dos anexos: el primero, que contiene las pruebas documentales de la supuesta persecución, que consisten en las cartas enviadas por la Contraloría al despacho de Cortés, en las que se verifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 2010 a la fecha, y el segundo anexo es un compendio de noticias publicadas en los diarios.
La CIDH investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos y no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que se investiguen los hechos.
Antes de someter un caso ante esta oficina deben haber transcurrido seis meses desde la última notificación judicial, y haber agotado todos los recursos legales. El más antiguo de los procesos que refiere la petición esta fechado en septiembre de 2015.