Leyes Mordaza A La Libertad De Expresión:

En mi condición de legislador de la República de Panamá durante el período 1999-2009, presenté a la consideración de la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que derogaba las leyes mordaza de prensa, que fue sometido a una amplia discusión no solo en el ámbito nacional, sino internacional, especialmente por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Tomé esa iniciativa, porque era evidente que las leyes que regían en ese entonces representaban un atentado directo a la libertad de expresión. Me refiero, en especial, a Ley 68 y 11 de 1978.

Producto de esa amplia discusión en la Asamblea y la sociedad civil, esa iniciativa se aprobó. Así surgió la Ley 55 del 20 de diciembre de 1999, que derogó los artículos 15, 16, 17 y 19 de la Ley 11 de 1978, que eran lesivos a la libertad de expresión, al igual que se derogó, en todas sus partes, la Ley 68 de 1978, que creaba la Junta Técnica de Periodismo.

Vemos, ahora, con cierto grado de sorpresa, cómo esos mismos gremios de periodistas que nos apoyaron en la derogatoria de esas leyes mordaza, hoy respaldan una iniciativa legislativa que, a todas luces, interfiere, trastoca y restringe la libertad de expresión en Panamá.

Por ejemplo, el actual anteproyecto de ley propone la creación de una “comisión técnica-académica de periodismo” y un “tribunal disciplinario”, lo que supone reactivar las funciones de la tenebrosa Junta Técnica de Periodismo, que contemplaba la Ley 68 de 1978 (derogada), cuyos miembros decidían quién era periodista y quién no.

Por lo tanto, sugerimos que esta nueva iniciativa se someta a una gran consulta nacional, que nos lleve a eliminarla o, en su defecto, a que se limite únicamente a aspectos laborales o administrativos, sin afectar la libertad del pensamiento.

En mi concepto, se justifica la revisión de los asuntos laborales, especialmente en lo que a la remuneración económica se refiere, porque a pesar del excelente trabajo que realizan los periodistas en nuestro país –muchos de ellos sin horario de entrada ni salida– no se les reconoce económicamente esa labor profesional.