La Seguridad Jurídica (Es Para Unos Pocos)
Una vez más el Consejo Nacional de la Empresa privada (Conep) ha salido en defensa de la “seguridad jurídica”. En el diccionario de los términos sacrosantos del neoliberalismo “seguridad jurídica” ocupa un lugar privilegiado. Están muy preocupados los empresarios por las decisiones que toma el Gobierno cuando gobierna y les molesta sobremanera que se suban impuestos o se terminen contratos lesivos para la nación. No parece molestarles, eso sí, la concentración empresarial, los oligopolios que manipulan precios, la firma de tratados de libre comercio que acaban con el sector agropecuario del país, el encarecimiento brutal de la canasta básica o la precariedad de la institucionalidad democrática del país. Eso son minucias al lado de la imprescindible “libertad de empresa”–otro término sacrosanto– tan asociado al desarrollo (de sus cuentas corrientes y a ser posible offshore). No quiero imaginar el próximo pronunciamiento del Conep pidiendo el regreso urgente de Ricardo Martinelli, no para que se presente ante la justicia sino para que restablezca el “gobierno de los empresarios”.
La verdad es que confío tanto en el actual gobierno como en el descubrimiento del país de la Cucaña, pero en algunos casos concretos, como en el de Barro Blanco, intuyo que trata de salvaguardar los intereses privados machacando un poco menos a los ciudadanos y ciudadanas panameños que habitan el río Tabasará. Tremendo delito. Ya sabemos que en su diccionario la definición de Conep es algo así: “Dícese de aquellas garantías jurídicas de las que solo y exclusivamente gozan las empresas para sacar el mayor beneficio de sus inversiones, sin que importe el impacto social, cultural, político o ambiental de sus acciones. El Estado debe limitarse a garantizar esta seguridad jurídica y a lanzar a la Policía y demás cuerpos represivos, cuando la población se ponga tonta y exija el cumplimiento de sus derechos constitucionales, siempre inferiores en rango a la seguridad jurídica que los empresarios merecemos”.
Yo estoy deseando que alguien teorice sobre la seguridad jurídica de los pueblos. Esa parece no existir. De hecho, cuando tratan de defenderla les toca litigar hasta el agotamiento para llegar al sistema interamericano de derechos humanos porque, normalmente, la justicia local los ignora. Los panameños normales –es decir: la mayoría– no tiene derecho a la seguridad jurídica ni a la libertad política. Ese es un hecho incontestable en un país en que todas las violaciones de derechos humanos han quedado impunes y en que los victimarios y corruptos (de los gobiernos y de las empresas privadas) pueden elegir, cada noche, restaurante de lujo donde disfrutar el dinero hurtado a las arcas nacionales.
La denuncia del Conep, además, parece un chiste cuando se acaba de licitar la línea 2 del Metro. Una feria en la que una empresa siempre lleva los boletos marcados. En condiciones normales, habría que hacer un referendo nacional para que los ciudadanos decidan si le entregamos el país a la multinacional brasileña Odebrecht. Mírenlo así, para poner en marcha las obras del Canal a un precio inicial de algo más de 5 mil millones de dólares hicimos una consulta. Desde 2006, el mismo año del referendo y como quien no quiere la cosa, Odebrecht y sus filiales se han embolsado unos 8 mil 500 millones de dólares. No creo que los brasileños se quejen de la seguridad jurídica ni de los problemas que hay en Panamá para ganar dinero a costa del erario público.
En una estadística torticera, el sector privado se atribuye el 80% del PIB nacional, pero se les olvida que el dinero público es el que financia muchos de sus proyectos y que son las decisiones amañadas en las instituciones (las que generan corrupción sin límite) las que les permiten especular y saquear sin ningún tipo de control. Seguridad jurídica, vaya.
En Panamá hay muchos empresarios honestos, por supuesto, pero todavía hay una mayoría de capitalistas que en lugar de lucrarse con su trabajo o creatividad pretenden forrarse con la especulación a costa del bienestar de la mayoría de los panameños.
Lo que debería hacer el Conep es preguntarse por qué los panameños no han mejorado su calidad de vida de forma significativa o por qué al menos cuatro de cada 10 panameños vive en la pobreza cuando la economía del país ha crecido a un ritmo vertiginoso en la última década. ¿Dónde está esa riqueza? ¿Quién se la ha quedado? ¿No será que está en manos de los pocos que sí tienen seguridad jurídica? El sector privado debe mirarse al espejo y también debe rendir cuentas, porque en la piñata corrupta de los gobiernos de Martinelli, de Torrijos o de Moscoso fueron ellos los que corrompieron y se lucraron. ¿Seguridad jurídica? Seguridad jurídica la que merecen los panameños, que debería traducirse en bienestar, en el fin de la impunidad y en la redistribución de la riqueza.