“La reunión con Ayú Prado no cambió nada. Debe renunciar
La sociedad civil ha dado hasta la próxima semana para que el magistrado presidente José Ayú Prado se declare impedido de ser el juez de garantías de la causa Financial Pacific, en la que se investiga al expresidente Ricardo Martinelli.
Así se decidió ayer, en una reunión en la que una serie de organizaciones se citó con seis magistrados de la Corte Suprema, para discutir una agenda de seis puntos sobre cómo mejorar la justicia.
El Movimiento de Independientes (Movin) invocó la renuncia de Ayú Prado en base a los artículos 13 y 14 del Código de Ética del Funcionario Judicial.
Esas normas establecen que un juez ‘está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las quese vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así'. Ayú Prado ha sido acusado de obrar a favor de Martinelli, cuando este caso estuvo en su despacho, como procurador.
‘El magistrado agregó que no había visto el tema desde ese punto y se comprometió a analizarlo', señaló Anette Planells representante de Movin. Ayú Prado no se acercó a la prensa.
De todos modos, el magistrado Ayú Prado mantuvo su discurso en que no hay causales para que se declare impedido, pues no es cliente de Financial Pacific.
‘En esta reunión se abrió un espacio para plantear temas muy fuertes con exigencias muy puntuales y que los magistrados recibieron con apertura y humildad', agregó Planells.
En la lista de peticiones, agregó el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, estuvo la de que los magistrados deben actuar con ‘prudencia para que no quede una percepción de que no se está aplicando justicia'.
En la reunión —cuestionada y deslegitimada por el Frenadeso— también trascendió la necesidad de que haya un plan de acción para combatir la mora judicial, se defina el fallo de inconstitucionalidad sobre toda ley de blindaje, y se dé celeridad a los procesos contra los diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano. Como respuesta, los magistrados plantearon sus limitaciones por presupuestos y facilidades a recursos.
La próxima semana los grupos de la sociedad civil solicitarán una reunión con el presidente Juan Carlos Varela, para que explique sobre el proceso de nombramiento de tres magistrados, y sobre el recorte de $120 millones en el presupuesto judicial.