La república localista de Panamá
En las últimas semanas dos organizaciones, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y la Red Ciudadana Urbana de Panamá (RedCuPa) manifestaron su preocupación por dos problemas que, si bien son distintos, tienen un elemento en común, sacar a relucir la relación entre el gobierno central, los gobiernos municipales, los gobiernos locales y la ciudadanía.
La SPIA dio a conocer la corrupción que se mueve detrás de la notificación de anteproyectos de desarrollo urbano ante las juntas comunales, con el cobro de “donaciones” para dar su constancia. RedCuPa, por su parte, hizo sentir la inconformidad e impotencia de las comunidades ante las constantes violaciones a la ley, lo que degrada la calidad de vida de los residentes en distintas zonas residenciales de la ciudad, ante la mirada impávida de autoridades que solapan o toleran el caos, o que están impotentes ante un orden jurídico y un funcionariado que no permite, en especial a las autoridades locales, actuar con mayor fuerza.
En mi opinión, el espíritu de la denuncia de la SPIA, basada en una “extralimitación de funciones” por parte de las autoridades locales, es equívoca al desconocer el legítimo derecho de las comunidades, representadas legalmente por sus concejales y las juntas comunales, de gestionar lo que ocurre en su territorio. Esto demuestra una visión miope de la realidad urbana por parte del gremio, que ve en la Dirección de Obras y Construcciones Municipales un ente responsable solo de verificar y registrar planos, cuando debería verse como el brazo ejecutor de las directrices que esperamos emanen de la Dirección de Planificación Urbana, en nombre del Municipio de Panamá. Esto es así, si tomamos en cuenta que es mediante la actividad constructiva que se concreta lo dispuesto por los planes y normas urbanísticas, de lo contrario serían solo ideas en papel y tinta.
Si bien simplificar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos es fundamental para la dinamización de la economía, la justicia y las relaciones sociales, buscar dicha simplificación en la centralización de los asuntos locales en un ente, como la Dirección de Obras y Construcciones, distante y desentendido de la realidad de las comunidades comprendidas en los 24 corregimientos del distrito capital o, peor aún, en el Miviot, es un grave error. Esto es palpable no solo con los extensos periodos de espera que padecen a diario quienes tramitan desde la remodelación de un local comercial, a un rascacielos, o una nueva urbanización, sino en las constantes quejas ciudadanas, sin resolver, al desvincular a las autoridades de corregimiento del proceso de planificación y del cumplimiento de sus disposiciones.
Mediante una curaduría urbana las juntas comunales deben tener la competencia de verificar in situ los desarrollos y nuevos negocios en su corregimiento y verificar, junto con las comunidades, si son cónsonos con los intereses de todos, para integrar al sector privado como socio y no como enemigo de los residentes, además de tener el poder coercitivo para aplicar sanciones ejemplares a quienes violen la ley.
Para regresar los poderes a las comunidades debemos adoptar una visión localista del Estado. Al devolverles el poder, además de reducir la burocracia y aumentar la eficiencia gubernamental, el gobierno municipal pasa a servir de garante, protector y coordinador de los gobiernos locales, sirviendo y representando sus intereses ante el gobierno provincial y este, ante el gobierno nacional.
Para evitar la corrupción local, la participación ciudadana activa y responsable debe ser el cimiento sobre el que debe descansar una gobernanza transparente en todas las acciones públicas y privadas. Con una ciudadanía más cercana a sus gobernantes, estos no podrán limitarse solo a informar de sus acciones, sino a brindar información detallada que ayude al ciudadano a juzgar por sí mismo el buen o mal curso del gobierno, y así premiar las buenas acciones y demandar cambios en cuanto se detecten anomalías.
Una visión localista debe revelar la importancia de los representantes de corregimiento, porque ellos además de ser responsables de la gestión de su territorio, lo son, dentro del Consejo Municipal, de acuerdos cuyos efectos legales vivimos a diario, y de otras importantes decisiones colegiadas a nivel municipal. Es importante exigir la libre elección de los miembros de las juntas comunales para que estos representen a la comunidad.
Esta devolución de poderes deberá brindar mayor oportunidad a las comunidades, aligerar la carga al gobierno central y asumir deberes ciudadanos de manera asertiva, propositiva y autónoma, rompiendo así el clientelismo político y la ineficiencia estatal, que tanto daño le hacen al país, y permitir al sector privado hacer aquello que sabe hacer mejor: fomentar el crecimiento económico y, por consiguiente, el empleo.