La justicia y el rol de los medios:
Los procesos judiciales que enfrentan los exfuncionarios del pasado gobierno, por presuntos actos de corrupción, se abocarán a un periodo decisivo en los próximos meses. En este tiempo quedará establecido si en Panamá se impondrá la tradicional impunidad de los delincuentes de cuello blanco o si como muchos esperamos prevalecerá la justicia. En este proceso, me preocupa el rol que ya han comenzado a jugar algunos comentaristas y analistas, al presentar en sus espacios un desfile de imputados y sus defensores, interesados en alienar a la opinión pública con la tesis de que los procesos en su contra obedecen a “persecución política”.
Los juicios mediáticos nacieron prácticamente con el surgimiento de la prensa. En Estados Unidos fueron famosos los juicios mediáticos a Bruno Hauptmann, a principios del siglo pasado, por el secuestro y homicidio del hijo de Charles Lindbergh; a Sirhan B. Sirhan, por el asesinato de Robert Kennedy; el seguido por el Congreso contra el expresidente Richard Nixon por espionaje político, que culminó con su dimisión el 8 de agosto de 1974 y, más recientemente, el de O. J. Simpson por el asesinato de su esposa Nicole Brown y su amigo Ron Goldman. En Panamá, el más conocido fue el juicio que le inició la Asamblea Nacional a José Ramón Guizado, en 1955, y su injusta condena por el asesinato del expresidente José Remón Cantera.
Lamentablemente, no siempre los medios han sido aliados de la administración de justicia. Y el riesgo se agrava cuando los procesados cuentan con recursos financieros y políticos para evitar la acción de la justicia. En un estudio titulado La administración de justicia, los medios de comunicación, la libertad de prensa y la búsqueda de la verdad, el jurista colombiano Luis E. Cuervo señala que la influencia de la “justicia de tabloide” aumentó considerablemente con la expansión de la televisión por cable, la transmisión de noticias durante 24 horas y la popularidad de los talk shows de radio y TV.
Los juristas que han analizado el rol de la prensa en la administración de justicia reconocen su legítimo derecho a la información y a la libertad de expresión, pero rechazan que ella influya en la conciencia pública y en los juicios. “Lo que se rechaza por unanimidad”, subraya Cuervo, “es que un procesado sea juzgado por la prensa”, y esta determine si es culpable o inocente y si debe estar sujeto a medidas cautelares o no. Quienes han venido siguiendo los casos de corrupción de exfuncionarios del pasado gobierno, habrán observado en medios locales el desfile de imputados y sus abogados alegando “persecución política” y “violaciones del debido proceso”. También alegan selectividad, algo con lo que estoy de acuerdo, pues ya es hora de que la justicia privilegie los casos de alto perfil, en lugar de hacerlo con quienes se roban una gallina.
El riesgo se agrava en Panamá por la crisis de credibilidad del sistema de justicia, sobre todo en el Órgano Judicial. Si bien el Ministerio Público ha estado cumpliendo su misión, los fallos de algunos jueces han sido cuestionables; ello impulsó al presidente Juan Carlos Varela, en su informe a la nación del 1 de julio, a formular un llamado a los funcionarios del Órgano Judicial, “para que no permitan que los jueces empañen la imagen de la administración de justicia, dejando en libertad a peligrosos criminales que amenazan la imagen del país y las vidas de los ciudadanos”. En casos como este, el jurista australiano Christopher Townsend opina que, “la acción por el Ejecutivo es importante cuando intenta restablecer la confianza en el sistema de justicia”.
De vuelta al tema central, ¿Cómo atacar ese secular conflicto para garantizar la correcta administración de justicia? El camino a seguir lo dan los tribunales que han fallado a favor de la libertad de expresión, cuando esta se ha enfrentado al debido proceso. En su obra Interactions between the media and the criminal justice system, Townsend señala que al sistema le conviene que la comunidad confíe en su efectividad. “Los medios juegan un rol significativo en perpetuar la justicia, y deben asumir este rol con seriedad”, puntualiza.
El futuro inmediato no solo pondrá a prueba la capacidad del sistema para administrar justicia, sino la de los medios, la sociedad civil y la ciudadanía para presionar hacia el logro de ese objetivo. La cobertura sesgada suele crear tensión entre la prensa y el sistema de justicia. Esa tensión, señala el documento Gobierno de la Justicia y Medios de Comunicación (www.cumbrejudicial.org), “en la mayoría de los casos no contribuye ni al afianzamiento del ejercicio de la libertad de expresión ni al fortalecimiento del sistema judicial”. En tal escenario es recomendable que fiscales y magistrados realicen diálogos y conferencias con directores, editores y periodistas a fin de explicar los procesos y superar anacrónicos dogmas sobre la capacidad de jueces y fiscales de emitir opiniones sobre los casos bajo su responsabilidad. Si no se revierte esta situación, la corrupción y el crimen organizado serán los triunfadores.