La justicia, entre el SPA, falta de presupuesto y la desconfianza
La falta de recursos económicos limitó las capacidades de investigación del Ministerio Público durante 2016, un año marcado por los casos de ‘alto perfil’ contra empresarios, políticos y exfuncionarios, y la implementación de un nuevo sistema de justicia, el Sistema Penal Acusatorio (SPA), que prometía reducir el tiempo judicial de los casos y lograr un mayor número de condenas. No obstante, la institución encargada de administrar justicia no se ha ganado la entera confianza de los ciudadanos.
‘CREO QUE ABUSÓ (DE LAS MEDIDAS CAUTELARES) AL PUNTO QUE EL ÓRGANO JUDICIAL CAMBIÓ VARIAS DE LAS DETENCIONES PREVENTIVAS’,
ERNESTO CEDEÑO
ABOGADO
Desde 1990, cuando se reinstauró el sistema democrático en el país, el reto más difícil de los fiscales ha sido desarrollar investigaciones robustas y condenatorias. Pero, ‘prevalece el problema de la falta de un presupuesto adecuado para contar con una justicia independiente, pronta y de calidad’, señaló Carlos Lee, miembro de la Comisión de Justicia y Paz.
Lee considera que la administración de Kenia Porcell tiene la voluntad de investigar los casos, pero no dispone de los expertos para atender procesos complejos.
Juan Carlos Araúz, del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que el personal que compone el MP es de gran valor para el desarrollo de las funciones constitucionales y legales, pero la falta de recursos limita las capacidades de la institución. ‘El año que se va queda como un periodo de tiempo donde la justicia sufrió la ausencia de recursos’, añade Araúz.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, solicitó para la vigencia fiscal 2016 un presupuesto equivalente a $177. 8 millones , de los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $118. 3 millones. Mientras que para la vigencia fiscal 2017, el MP estimó un presupuesto de $152. 3 millones, una vez más, el MEF, bajó las aspiraciones del Ministerio Público y recomendó $106.5 millones.
Este año, la gran novedad en el área judicial fue la implementación del SPA en el Primer Circuito Judicial (última fase para completar la aplicación del sistema en todo el país), desde el 2 de septiembre de 2016.
Precisamente, la implementación del sistema dejó en evidencia las carencias de la institución encargada de administrar justicia. La puesta en vigencia del sistema mejoró la actuación del MP en los casos nuevos. Sin embargo, afectó la evolución de los procesos bajo el sistema inquisitivo, reflexionó Lee. ‘Hay un número alto de procesos del sistema inquisitivo que aún no se han concluido’, dijo el abogado.
El sistema inquisitivo prácticamente colapsó con la implementación del SPA. El exfiscal Roberto Moreno Obando denunció en septiembre de 2015 que los despachos del edificio Ecuador (que alberga las fiscalías del sistema mixto) están cerrados y ‘nadie sabe nada’. Las tres fiscalías de descarga, añadió, ‘están llenas de cajetas de expedientes; es un caos’, apunta Moreno.
La transición entre ambos sistemas puso en evidencia la falta de personal, concluye Araúz.
‘Al poner en ejecución el SPA descuidaron los casos del sistema mixto’, recalca Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin).
Planells. al igual que Lee y Araúz, considera que la institución está trabajando con muchas limitaciones de presupuesto y de personal calificado.
‘AL INICIAR EL SPA LOS CASOS BAJO EL SISTEMA INQUISITIVO SUFRIERON LA CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS, EN LAS FISCALÍAS’,
JUAN C. ARAÚZ
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS
El MP, por su parte, señaló que se han trazado varias estrategias para agilizar y organizar la tramitación de los expedientes del sistema inquisitivo mixto, que van desde la actualización del sistema de registro, hasta la creación mediante Resolución No.76 del 23 de septiembre de 2016 de la figura de fiscales adjuntos, indicó la Coordinadora de las Fiscalías de Circuito de Descarga, Katya Meléndez.
Entre otros avances, las fiscal Meléndez explicó que se han priorizado aquellos expedientes en los cuales existen personas imputadas y con órdenes de detención. Hasta el 24 de noviembre, había un total de 281 personas detenidas, de las cuales a 47 se les otorgó una medida cautelar diferente y otras 35 fueron puestas a órdenes del Órgano Judicial, quedando 199 personas detenidas a órdenes del MP.
En el mes de noviembre, habían programadas 280 audiencias, mientras que en el mes de diciembre se mantienen calendadas unas 215 audiencias, las cuales son atendidas por el equipo de fiscales adjuntos, explicó la institución.
En cuanto al SPA, las estadísticas indican que en el Primer Circuito Judicial, donde se reporta casi el 50% de los casos, se han atendido 2,472. Se han logrado 217 condenas (199 hombres y 19 mujeres). El SPA es un modelo que ofrece grandes ventajas, opina Araúz.
Entre los temas más cuestionados de la administración de Kenia Porcell está la imposición ‘desmedida’ de medidas cautelares.
El abogado Ernesto Cedeño señaló que la labor del MP no se compadece, en algunas causas, con lo que dice el derecho con relación a la imposición de medidas cautelares. ‘Creo que abusó, hasta el punto que el Órgano Judicial le cambió varias de las medidas de detención preventiva que impuso’, agregó el abogado.
‘ENTRE LAS FORTALEZAS DEL MP ESTÁ LA VOLUNTAD DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGAR Y LA GRAN DEBILIDAD ES LA FALTA DE PRESUPUESTO’,
CARLOS LEE
ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
En cuanto al trabajo de la institución, Cedeño no lo considera malo, aunque algunas de las investigaciones ‘no han estado a la altura’, como el caso de los Papeles de Panamá, cita.
El abogado recomienda a la institución terminar los casos dentro del término que establece el Código Judicial y que las investigaciones tengan una mayor profundidad. ‘Creo que el mismo MP debe autorregularse para depurar el rezago administrativo dentro de las fiscalías’, continúa Cedeño. Aun así, el abogado dice que la institución ha hecho cosas importantes, ‘pero debe esforzarse más’, concluye.
En una reciente entrevista con un canal de televisión local, la procuradora reconoció que el MP no actúa al ritmo que muchos quisieran, lo que no significa que no se esté investigando.
Porcell también se quejó de la falta de presupuesto y tecnología en la institución que dirige, pero que, según dijo, ‘cuenta con personal que se esfuerza y responde a la sociedad panameña’.
El desarrollo de los procesos anticorrupción es uno de los logros de la administración de Porcell, a decir de los especialistas consultados para esta nota.
Hasta 2015, la institución había cautelado $120 millones por casos anticorrupción.
Panamá tiene la tasa de privados de libertad per cápita más alta de Latinoamérica (261 por cada 100 mil habitantes), después de Cuba y El Salvador. Los detenidos pueden esperar más de un año por un juicio, por las ineficiencias del sistema legal, con protocolos inquisitorios escritos, según publicó el año pasado Americas Quarterly, de la reputada Universidad Johns Hopkins, de EE.UU..
Hasta noviembre de este año, habían 1,416 privados de libertad a órdenes del MP, aunque, según el sistema penitenciario, acoge una población de 16,634 personas.
Marlene Testa
