La institucionalidad jurídica, seguridad de nuestra democracia
Los cambios sociales son un resultado multifactorial donde podemos mencionar como actores en nuestro país el crecimiento poblacional, la economía, las políticas desarrolladas y una diversidad de elementos que podríamos identificar como determinantes en los cambios sustanciales que han venido absorbiendo los resultados sistemáticos de la conducta de nuestros ciudadanos.
Nuestra administración de justicia y su relación con la gobernabilidad es esencial. No se confunda la justicia con la obligación de las instituciones que ejercen el desarrollo de sumarias en averiguaciones de la Comisión del Hechos Punibles o Delitos; El Ministerio Público es el ente responsable de esta fase; quienes determinan el juzgamiento de los delitos y atención integral en otras materias como Derecho Civil, Contencioso de lo Administrativo y Laboral y otras, son responsabilidad del Órgano Judicial; ambas instituciones democráticas por nuestros sistema de Gobierno y deben ejercer su función de forma equilibrada apegados a la ley, ante todo a nuestra Constitución Nacional.
JUSTICIA realmente es el principio deontológico moral que de forma obligante se debe aplicar respetando la verdad equilibradamente entre lo justo y lo jurídico; sin embargo, la GOBERNABILIDAD es un proceso permanente en el cual se debe siempre desarrollar de forma muy responsable y eficiente la concertación entre el Gobierno y la sociedad civil para lograr acuerdos políticos sociales dentro del respeto de normas e instituciones reguladoras existentes y basamento específico de las relaciones entre individuos dentro de nuestro Estado y de acuerdo a las GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, facilitando la posibilidad de ejercer la administración pública más cónsona y responsable de los poderes del Estado, dirigidas acciones al beneficio de los asociados que somos todos.
En el ámbito de la administración de justicia se ha desarrollado el esfuerzo de aprobar la necesaria Carrera Judicial que debe ser esencial para cimentar bases y reforzarla de forma transparente y responsable; justicia que se encuentra diagnosticada por el principal médico, EL PUEBLO; NO CONFÍA EN ELLA. Producto de la Ley de Carrera Judicial se deben emanar las selecciones de los responsables y garantes jurídicos (funcionarios dentro de las estructuras judiciales en general).
Ley que ha sido un esfuerzo de años y acertada concretización de esta ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, dirigida a proporcionar seguridad jurídica, la cual no puede pasar a ser un documento sensacionalista mediático; debe existir el compromiso que se logre realmente sea un instrumento veraz para que nuestros engranajes de administración judicial sean depurados; donde realmente el bien tutelado sea la TRANSPARENCIA, basada en la meritocracia que necesitamos como sociedad en las designaciones que se llevan a cabo dentro del mismo engranaje del ÓRGANO JUDICIAL, mediante creación de estructuras eficientes y serias, en apego de la absoluta legalidad donde no forme parte la ligereza, terreno fértil a las actuaciones equivocadas y de ambiciones discrecionales.
Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Nacional hicieron lo pertinente, proveernos de la herramienta para iniciar la ardua labor de adecentar la Administración de Justicia; cuidemos esta oportunidad y confiemos en que los actuales responsables, los MAGISTRADOS DE LA CORTE se encuentran de forma muy responsable iniciando esta gestión y ya no tengamos más administradores de justicia en donde se percibe inoperancia, carencia de credibilidad y ante todo, inseguridad jurídica.
Debe ser compromiso entender que la DEMOCRACIA se encuentra segura en el respeto de la institucionalidad de la administración de justicia; de lo contrario, estaremos al libre albedrío de la indecencia fortalecida, la manipulación e inclusive la posible destrucción de nuestra democracia.
Instituciones de justicia no respetadas por el pueblo, por sus actos… es la crónica de su desaparición.