La economía del delito
No existen –por los menos dentro de nuestro contexto social– muchos análisis sobre la relación entre crecimiento económico y delito. La mayoría de los estudios realizados, sobre todo los que se han adelantado en sociología criminal y en criminología, están dirigidos en demostrar que los factores sociales, económicos y políticos son causas determinantes en la producción de criminalidad.
En estos análisis, el factor económico ha tenido además un lugar destacado en la supuesta producción de conductas criminales, “debido”–se dice– al hecho de que las infracciones y sus infractores provienen de sectores marginales, en los que el común denominador es la carencia de recursos materiales y económicos. Este es, por supuesto, un factor que ha de tenerse en cuenta en el análisis de una de las “causas” sociales del delito, al igual que se realizan en relación con los factores psicológicos y “biológicos”.
Pero, asimismo, es necesario tener presente, como ya lo estudió y analizó en su momento, en el contexto de las investigaciones que permanentemente realiza la organización de las Naciones Unidas, el profesor Manuel López-Rey, al evidenciar en sus investigaciones que el “desarrollo” o el “crecimiento” económico también producen criminalidad, y que no necesariamente un modelo económico supuestamente “próspero”, es un elemento que disminuye el fenómeno delictivo.
Por el contrario, los hallazgos del profesor López-Rey pusieron de manifiesto que dentro de los sectores de mayor bienestar económico se produce, también, criminalidad del mismo modo que se producen en las áreas más desfavorecidas.
Según el profesor: “En síntesis, el hecho de que en algunos aspectos el desarrollo social y el económico deban ir juntos no significa que los aspectos implicados formen una unidad y mucho menos que la forme la realidad socioeconómica. En lo que respecta a la criminología, es evidente que la materia que constituye su objeto transciende más allá del desarrollo económico-social; y lo mismo puede decirse de la política criminal, que sin duda debe ser puesta en relación con otras muchas políticas”. (Manuel López-Rey y Arrojo, La Criminalidad, un estudio analítico, Editorial Tecnos, Madrid, 1976, pp. 279 ss).
El tema es, entonces, más complejo, pues no se trata únicamente de establecer una “simple” relación entre carencias materiales o económicas como causas que producen mayor criminalidad. El análisis que se propone –sobre el que además existen antecedentes importantes en la sociología estadounidense– se proyecta sobre las consecuencias o los resultados.
Es decir, en determinar si un “desarrollo” o un supuesto crecimiento económico, es por sí solo, el resultado de fuerzas productivas legítimas que han dado lugar a ese crecimiento o desarrollo económicos o, por el contrario, está alimentado directa o indirectamente de acciones delictivas.
Es un asunto sobre el que no se quiere debatir, pues lo importante son los resultados –según las mediciones abstractas de “organismos” que determinan los niveles de crecimiento– sin discriminar el origen de una supuesta prosperidad económica.
Pero, es obvio, que se trata de un “criterio” distorsionado, con graves repercusiones en la moral colectiva, sin perjuicio de que puede propiciar un mayor índice de criminalidad e inseguridad públicas, sin olvidar que muchas veces, este pretendido crecimiento es el reflejo de una economía subterránea que, de manera clandestina, opera dentro de una cadena de acciones realizadas al margen de la ley.
Es necesario, por ello, que las autoridades establezcan las regulaciones y los controles que impidan que ingresen al mercado económico valores, dineros o productos de dudosa procedencia o incluso que revistan una apariencia de legalidad.
El “desconocimiento”, la tolerancia y la negación de esta realidad, traerá, lamentablemente, consecuencias impredecibles, por lo menos, dentro del ámbito de la criminalidad.