La Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer, dice Eloy Alfaro
Son los casos de alto perfil los que obligan a las cortes supremas a sentar y actualizar precedentes jurídicos. Así lo considera el abogado y exembajador de Panamá en Washington Eloy Alfaro de Alba, consultado por La Estrella de Panamá a propósito del reciente fallo que anula parte de la investigación en el caso Finmeccanica y favorece a José Raúl Mulino, quien fuera ministro de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Si bien la Corte Suprema de Justicia había fallado con anticipación legalizando dos investigaciones del Ministerio Público en las que los fiscales se pasaban de los términos, ‘no significa que deba seguir en el error’, sentenció el abogado.
A su juicio, son los casos de alto perfil los que obligan al sistema judicial a enmendar, y este caso lo demuestra, sobre todo cuando hay privación de libertad.
‘Tal vez la Corte hizo lo que se tenía que hacer’, opinó el abogado.
El exembajador se refiere a los señalamientos contra la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunciaron de manera unánime, y si bien considera cuestionable que los tribunales hayan negado la prórroga de términos en casos que sí son complejos, se sorprende de que ‘nadie ha preguntado cuál de las dos posiciones asumidas por la Corte Suprema en los fallos, sin duda contradictorias, es la constitucional y jurídicamente correcta’.
POLÉMICA DECISIÓN
La magistrada Angela Russo fue la ponente del fallo de la Corte Suprema
Con la decisión se declara ilegal parte del expediente elaborado por el Ministerio Público en el caso Finmeccanica.
Según el fallo, la Fiscalía se extendió en el periodo para hacer la investigación.
A la vez, él mismo cuestiona si se justificaba variar el criterio.
Como conocedor del derecho, Alfaro de Alba plantea: ¿Debe permitirse a los fiscales exceder términos de investigación después de que jueces y magistrados les han negado prórrogas y aun así, privar de su libertad a investigados?’.
‘Con la cacería que se desarrolla, selectiva y con injerencias y presiones de toda clase, ¿sería responsable posponer o variar el criterio?, ¿convenía adoptar una posición más garantista para proteger el debido proceso? o, tal vez, era preferible esperar a cuando se voltee el pastel y los que hoy critican la posición corregida sean los investigados, para entonces considerar si se justificaba o no variarlo’, agrega el abogado.
Sin embargo, el exembajador considera que lo positivo tras esta polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia es el debate nacional que se ha generado, tanto entre abogados y políticos como entre voceros de la sociedad organizada, que se han manifestado a favor y en contra de la decisión, pero en lo personal, mantiene su posición con firmeza: ‘La decisión de la Corte pudiera ser la correcta y tal vez se hizo lo que se tenía que hacer’.
Carlos Anel Cordero
