La Corte se queda sin partida para nuevos funcionarios del SPA
Los recortes presupuestarios al Órgano Judicial ponen en ‘riesgo' los cargos de los funcionarios que recientemente han sido nombrados por la Corte Suprema de Justicia para el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
PROCESO
Ejecución del proyecto de ley de presupuesto del Estado
La Corte Suprema de Justicia fue una de las últimas instituciones del Estado que participó en el proceso de vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Durante su comparecencia a esta instancia legislativa, el magistrado José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó a los diputados su preocupación por el los recortes presupuestarios que introdujo el Ministerio de Economía (MEF) a la solicitud presentada.
Ahora el magistrado Ayú Prado está solicitando a la Comisión de Presupuesto, la intervención para que solicite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la reconsideración de las partidas asignadas y que se otorguen los fondos que requieren para su funcionamiento.
Incluso el magistrado Ayú Prado dijo que en el caso de que no se asignen las partidas en el presupuesto del año fiscal 2017 se harán las respectivas solicitudes de las asignaciones de las partidas en el mes de marzo como lo permiten las normas de ejecución presupuestaria.
Se espera que a partir de la próxima semana, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional inicie el proceso de consideración del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2017.
Ante esta realidad, el presidente de la Corte, José Ayú Prado, ha solicitado al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Jorge Iván Arrocha, que se gestione la incorporación de recursos adicionales que permitan que el SPA funcione.
En la nota que envió el presidente de la Corte a la Comisión de Presupuesto, se establece como ‘una prioridad inmediata que no admite postergación' la suma de $16.3 millones.
PRESUPUESTO 2017
La Corte Suprema de Justicia estuvo en la Asamblea Nacional en la etapa de vistas presupuestarias el pasado lunes 19 de septiembre para sustentar las partidas asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incluir en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado del año 2017.
Según la documentación presentada, el MEF recomendó $160 millones para el presupuesto de la Corte, correspondiente al año 2017.
Del total recomendado $140 millones corresponden a funcionamiento y los $20 millones restantes son para inversiones que debe realizar la Corte en el próximo año fiscal.
Ayú Prado explicó que la solicitud que originalmente había hecho la Corte Suprema para el año 2017 era de $274 millones, pero luego de la consideración, el MEF recomendó asignar $160 millones.
El recorte aplicado a la institución ascendió a $114 millones, cifra que dificultará el funcionamiento de la institución.
AFECTACIONES
Producto de los recortes aplicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además del SPA, se afectarían varios proyectos que tiene la Corte Suprema en marcha como la implementación de la Carrera Judicial, contemplada en la Ley 53 de 27 de agosto del año 2015 que es uno de los compromisos del Pacto de Estado por la Justicia.
Según expresa el magistrado Ayú Prado con los recortes presupuestarios, se eliminan los recursos asignados para la puesta en marcha de la Carrera Judicial que fue aprobada con el fin de dar estabilidad e independencia a los jueces y funcionarios del Órgano Judicial en general.
El magistrado Ayú Prado insistió que en el caso del SPA, no se le asignaron los fondos que se requieren para dar continuidad a los nombramientos que se han realizado este año con recursos provenientes de un traslado de partida interinstitucional.
Este movimiento presupuestario, se hizo en el pasado mes de agosto. En consecuencia, alega el magistrado en la nota enviada al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y que fue fechada el 20 de septiembre del año en curso.
Según Ayú Prado, ante estas circunstancias, los funcionarios que han sido nombrados para el funcionamiento del SPA, ‘no tienen la seguridad de continuar en sus puestos de trabajo peligrando la implantación del sistema'.
El riesgo sería directo para los funcionarios de la provincia de Panamá, Colón, Darién y Panamá Oeste.
En similares circunstancias a los funcionarios judiciales estarían piscólogos y trabajadores sociales que forman parte de la institución y que según las leyes especiales vigentes que están vigentes desde el año 1990 requieren del cumplimiento de ajustes y equiparaciones salariales con los cuales no se ha cumplido y no se podrán cumplir por la falta de los recursos presupuestarios.
El magistrado dijo además que hay inversiones prioritarias de proyectos importantes que están en proceso de ejecución.