La corrupción de la deuda

A lo largo de la historia, el excesivo endeudamiento estatal ha llevado a la bancarrota y abierto la puerta a la dominación extranjera. Cuando México, en 1861, decretó la suspensión de los pagos sobre su deuda externa, Francia, España y el Reino Unido enviaron un ejército a Veracruz para obligar al gobierno liberal de Benito Juárez a recapacitar.

Satisfechos con los resultados obtenidos, los británicos y españoles se retiraron en 1862. No así los franceses, quienes en 1863 dispusieron ocupar el resto de la república y, en alianza con los conservadores mexicanos, establecer un Estado títere, dependiente de Napoleón III, con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza.

Los Estados acreedores ya no envían cañoneras para cobrar sus deudas, pero sí imponen, a través de organismos financieros multilaterales, medidas económicas asfixiantes que estrangulan a las poblaciones afectadas. En años recientes, Argentina, Grecia y España (entre otros países) han enfrentado situaciones de este tipo, con efectos sociales muy duros.

Puerto Rico, una pequeña isla de tan solo 3.6 millones de habitantes, ha acumulado una deuda de 72 mil millones de dólares que no puede pagar (BBC, 2 de mayo de 2016). Estados Unidos, de quien depende el territorio, ha debido intervenir para evitar un colapso gubernamental (El País, 30 de junio de 2016).

Si, por una parte, el endeudamiento irresponsable tiene impactos muy fuertes sobre la población, por otro lado produce enormes ganancias a especuladores y traficantes. Banqueros internacionales y funcionarios participan en esta actividad que consiste en colmar la capacidad crediticia de los Estados para cobrar comisiones sobre los préstamos obtenidos.

Este esquema de abuso y pillería adquirió gran auge en Panamá durante la dictadura castrense. En la década de 1970, la abundancia de dinero en la banca internacional aumentó el ya voraz apetito de los amos militares de Panamá, quienes, guiados por presuntos “expertos” financieros, nos inundaron de préstamos.

Se trata de una deuda odiosa o execrable, un concepto de Derecho Internacional aplicable a créditos ilegítimamente contraídos por un gobierno, sin pleno conocimiento de los ciudadanos, usados para fines no beneficiosos a sabiendas de los prestatarios (Blai Collado, Nueva Tribuna, 30 de septiembre de 2014).

Los miles de millones de dólares así conseguidos sirvieron para enriquecer a los jenízaros y sus socios civiles, como también para financiar la demagogia y el populismo de la dictadura castrense. Pero ni el principal artífice de este atraco (quien después alcanzó la presidencia de la República por fraude) ni sus secuaces han respondido jamás por el daño que infligieron al pueblo panameño.

Por el contrario, se la pasan evocando sus “huellas” (La Prensa, 17 de julio de 2016) y recibiendo el homenaje de la sociedad política de mafiosos, la sociedad civil de cretinos y la seudo intelectualidad corrupta que se siente tan a gusto con los modelos de la dictadura.

Tras el derrocamiento de los militares, la práctica del endeudamiento adquirió nuevos bríos. Como en tiempos autocráticos, las oportunidades de lucro para los involucrados en las multimillonarias transacciones crediticias siguen siendo un importante aliciente para aumentar el saldo de la deuda pública.

Años atrás, la doctora Brittmarie Janson Pérez escribió: “Los funcionarios que gestionan esos préstamos se echan al bolsillo alrededor del 5% del dinero que piden prestado. Según mis cálculos, entre noviembre de 1997 y marzo de 1998, los funcionarios agraciados habrían cobrado unos $78 millones en comisiones por endeudarnos inmisericordemente” (Crítica, 22 de junio de 1999).

Si aplicamos ese criterio al endeudamiento del período democrático, los hallazgos son indignantes. Según cifras oficiales, entre el 31 de diciembre de 1990 y 2015 el saldo de la deuda pública aumentó de 4 mil 830 a 20 mil 222 millones de dólares.

En dólares corrientes, el incremento ha sido de 15 mil 392 millones de dólares. El 5% de esa suma equivale a 770 millones de dólares. He allí una estimación de lo que los comisionistas de la deuda y sus socios en los sectores público y privado pueden haberse embolsado en 25 años de democracia.

En los tres primeros meses de 2016, el endeudamiento estatal aumentó en mil 91 millones de dólares, lo que parece una exageración. Hay que poner coto a la corrupción de la deuda antes que terminemos como México, Grecia o Puerto Rico.

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