La Comisión de Reformas Electorales
Los medios de comunicación han publicitado la reciente instalación de la Comisión de Reformas Electorales, la que ahora –como medida que sigue a cada período electoral– retoma importancia y abre expectativas, tras haber transitado por un proceso cuestionado, cuyo saldo enseña lo frágil que son los mecanismos de elección. La fortaleza del sistema se hizo trizas con el empuje del autoritarismo y la debilidad de sus pilares, que creíamos muy fuertes.
Sin embargo, habría que decir que las elecciones por más transparentes, libres y competitivas que aparenten ser no garantizan el predominio del régimen democrático, lo simula y lo encubre, más bien. La democracia rebasa los límites de una coyuntura en la que se exponen proyectos políticos y se venden esperanzas con discursos y promesas incumplidas. Esta consideración, sin embargo, no demerita los esfuerzos por mejorar el andamiaje electoral.
Escoger entre la oferta a los que mediante el manejo de la cosa pública, hacen y deshacen, es un acto del que no hay que marginarse, pues incide en el porvenir de la gente. Pero, para tener resultados y no “arar en el mar”, hay que ir más allá de las meras formalidades. Se deben incorporar regulaciones cualitativas que den solidez institucional al modelo. Aunque esto no conducirá, per se, a la democratización, ayudará a construir el sustrato material que facilite igualar las condiciones para que los partidos y las personas que se agitan en los espacios electorales puedan competir sin que se les menoscaben las oportunidades.
Así, las responsabilidades políticas –más que los consensos de intereses sectarios– nos deben llevar a regulaciones precisas cónsonas a nuestra cultura política, entre otras, como aquella que trata el financiamiento de las campañas, el rol de la Fiscalía Electoral, así como el uso de los recursos del Estado. Este es un asunto que no solo debe prohibirse en las coyunturas preelectorales, sino impedirse de raíz por ser un mecanismo que lleva al enriquecimiento ilícito. Sobre esto, de usar y lucrar de los recursos públicos, resulta irrisorio conocer que después de lo ocurrido con los cargos convocados a nuevas elecciones, precisamente por ese delito, nos demos cuenta de que los mismos infractores (aquellos que ganaron), así como gran parte de los integrantes del Legislativo, a tan pocos días de tan sonados casos, reciban recursos del Estado, con el título de “bonos navideños de 25 mil dólares”, para emprender las acciones comunitarias de contenido clientelista.
Es necesario que las reformas electorales se hagan con la clara visión de que para la real democratización se debe actuar en todo el aparataje que incide en la dirección de la democracia. Quizás por esto es legítimo aquello de que llegó la hora de impulsar la constituyente, para que esta coloque sobre la mesa del debate y de las decisiones los asuntos de fondo, no solo las meras formalidades.