Justicia y libertad de prensa
La conducción de un periodista ante el Ministerio Público, al más puro estilo del gorilato, dejó al descubierto la politización de la justicia y el más absoluto irrespeto a las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional, por quienes tienen el deber de protegerlas. Por más argumentos fútiles que se esgriman, el hecho constituye un atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Los reiterados señalamientos del presidente contra medios de comunicación que no son sus alabarderos, precedieron este acto irresponsable del que sería ‘el mejor gobierno de la historia'. Sabrán las autoridades que, según la Declaración de Chapultepec ‘No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo'. Conculcar la más importante de las libertades públicas es un acto deleznable, pero para regímenes autoritarios la moral pareciera no contar. El Dr Pablo Arosemena advirtió: ‘Cuando la opinión calla, el abuso se cree soberano y predomina; importa que la voz de los ciudadanos se haga oír en defensa de todo derecho y en protesta contra toda injusticia'. Nos unimos al repudio generalizado que tradujo un hecho representativo de terrorismo judicial.