Justicia, un tema pendiente
Hace aproximadamente un año tuvo lugar una marcha multitudinaria que salió desde la iglesia Virgen del Carmen, centro de luchas históricas, rumbo a la Presidencia de la República para exigir la celeridad en la investigación y juicios a funcionarios corruptos del pasado gobierno incluyendo al propio expresidente Ricardo Martinelli, quien se refugió en Estados Unidos (EU). Las consignas que se emitieron ese día recogían el sentir de muchos afectados por el uso desmedido de poder que obedecía a los caprichos y afán de lucro de quienes se olvidaron que un funcionario de la Nación está para servirla y no servirse de ella.
Lo interesante también de esta gran marcha, organizada por el profesor Miguel Antonio Bernal, es el hecho de que en la misma estaban presentes sectores variopintos del acontecer político-social del país que pedían la aplicación efectiva de la justicia a figuras de alto perfil institucional. No obstante, luego de un año y del nombramiento de varios fiscales especiales anticorrupción la sociedad panameña no solo ha sido testigo de la lentitud de varios procesos sino también de los siguientes aspectos:
1. La dilatación de algunos casos por supuestamente no reunir pruebas e información suficientes que puedan llevar a los implicados en casos de corrupción a un juicio transparente y efectivo.
2. La repentina enfermedad de muchos acusados a quienes se les ha asignado medida cautelar de casa por cárcel, país por cárcel y no me extrañaría que más adelante el planeta por cárcel.
3. El sobreseimiento por falta de argumento y relación al hecho en los implicados en el caso de las comidas deshidratadas por un juez local que debiera ser objeto de una investigación, ya que precisamente los implicados eran exministros de Estado del pasado gobierno. Al respecto nada se ha hecho y tampoco se le ha brindado la cobertura oportuna por lo aberrante de esta decisión en momentos en que la justicia es el tema angular en nuestra sociedad.
4. Muchos sectores sociales están cada vez más convencidos de que la justicia solo se aplica a los que no tienen dinero y apellido, por tanto, es muy probable que todo lo que se está viviendo en cuanto al enjuiciamiento de figuras del gobierno pasado solo resulte en un “show mediático”.
5. Siguen dándose casos de nepotismo y corrupción en el actual gobierno que llevan a pensar que no existe credibilidad en el discurso de transparencia e imparcialidad de los actuales funcionarios públicos.
En Centroamérica -contrario a lo que ocurre en Panamá- se presentaron tres casos en los que se sacudió el árbol de la impunidad en figuras de alta magistratura. En primer lugar estuvo el llamamiento a juicio en Costa Rica de los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Calderón en el 2004. Ambos fueron conducidos incluso esposados ante la justicia costarricense. El segundo caso fue la separación del cargo por parte del expresidente de Guatemala Otto Pérez, que tuvo como telón de fondo una presión social de grandes proporciones; y el tercer caso fue la detención del expresidente salvadoreño, muy amigo de la exmandataria Mireya Moscoso. Todos estos casos tienen que ver con malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y corrupción. Pero los mismos presentaron como escenario común a un sistema de justicia autónomo y con una hoja de ruta que apunta hacia el adecentamiento nacional. No olvidemos que dos de estos países pasaron por guerras civiles internas y pasajes de extrema austeridad y crisis social. La sociedad civil en estas naciones se encuentra atomizada en ejes comunes; es decir, su lucha incluye aspectos puntuales que se requiere resolver en corto plazo y para ello se emplean estrategias que apuntan hacia esto, a diferencia de Panamá que presenta diversidad en cuanto a ejes de lucha y se ha descuidado el hecho de que la moral, la ética y la aplicación de la justicia son tomas coyunturales de toda la región y que requieren una respuesta inmediata.
Si este tema se sigue dilatando en Panamá y se continúa con la erosión de la imagen de las instituciones de justicia, las consecuencias que pagaremos serán muy altas y las proporciones de violencia social serán inimaginables.