Justicia: dilema de fiscales y jueces
La corrupción investigada por el Ministerio Público y que repica a diario en los medios de comunicación por el escandaloso saqueo a las arcas del Estado. Por parte del pasado gobierno de Cambio Democrático (CD), nos asombra y avergüenza.
Ha llegado la hora de la verdad, de poner la lupa sobre quienes tienen la facultad y jurisdicción de administrar justicia en nombre de la Constitución y las leyes. Le corresponde al Ministerio Público, fiscales anticorrupción, jueces y a la Corte Suprema de Justicia ponerse a prueba frente al crimen organizado y enquistado en las esferas de gobierno, que sacude la conciencia de la sociedad y donde las consecuencias son impredecibles, puesto que los fraudes fueron multimillonarios y el castigo debe ser ejemplarizante, porque de lo contrario, habría que hacerle un gran cementerio a la justicia panameña y allí sepultar al Órgano Judicial.
La punta del iceberg apenas asoma, porque la mitad del gabinete de Martinelli ha declarado con detalles y pormenores su directa vinculación en los diversos delitos. Es tarea oficiosa de las fiscalías especiales aferrarse al espíritu y letra de la ley penal, como a la integridad moral individual de estos investigadores, a fin de tocar fondo y emitir los fallos condenatorios y absolutorios (si los hay). No sabemos si fueron mil 500 o 2 mil millones de dólares los que fueron ilícitamente sustraídos, dineros con los que se hubiese resuelto la carencia de agua, construido escuelas, rellenos sanitarios, equipamiento de hospitales y construido miles de viviendas para gente sin techo. No olvidemos que en la toma de posesión en 2008 Martinelli juró servir a Dios y a la patria, con transparencia, cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución, pero nos mintió, pisoteó la Carta Magna y a los panameños que depositamos la confianza en él, que pensamos que, porque era empresario sería honesto, pero nos equivocamos, venía con ansiedad y sed de riquezas.
La desconcentración de poder del Ejecutivo sobre el judicial fue promesa de campaña, pero el presidencialismo virulento de la actual administración pone en duda una justicia independiente. La convocatoria a un constituyente es el único camino hacia un nuevo orden social. La justicia es la materia humana, con espíritu y moral propia. Mientras la mente y la razón no estén dirigidas al bien común con plena honestidad, no es más que letra muerta; por tal razón, me sumo a los miles de ciudadanos que piden, con clamor y angustia, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, que anuncie su renuncia al cargo de magistrado puesto que sus vinculaciones políticas e intereses con Ricardo Martinelli, particularmente en el caso Financial Pacific y su cuestionado estrepitoso ascenso en el órgano judicial, fue lo que ensombreció la confianza ciudadana contra él.
Créame, señor Ayú Prado, que todo Panamá lo aplaudirá de pie y hasta lo condecorarían por evitarle un mal mayor a la justicia, que aún coquetea con el poder político.
Cualquier omisión, error evidente, silencio sospechoso o salvamento de voto de los que están llamados a administrar justicia, será fatal, porque no hay lugar para meter la cabeza al hueco como el avestruz, mientras pasa este huracán que deja a su paso escombros de podredumbre política. Creo que es el momento para que se levanten las voces de protesta del pueblo panameño y le exijamos a todos los funcionarios del Órgano Judicial su compromiso y responsabilidad patriótica con la Nación, para que se haga sentir la justicia como el rayo fulminante que nace repentinamente entre la tormenta con estruendo provocándonos terror. Que de la misma forma sirva de escarmiento ejemplarizante y de advertencia a los que gobiernan, sin distingo de clase social o posición política.