Jueza niega a la fiscalía declarar causa compleja ‘caso New Business’
El Ministerio Público sufrió otro revés en los casos de ‘‘alto perfil” que investiga. En esta ocasión, enfrenta el riesgo de que uno de sus más emblemáticos expedientes quede inconcluso porque la fiscal Janeth Rovetto no consiguió convencer a la juez décimo octava de que califique como ‘‘delincuencia organizada y tramitación compleja” el caso ‘New Business’, sobre la compra de los diarios de la Editora Panamá América (Epasa).
La jueza ha dado un fallo contundente a la fiscal en el que le ha corregido, incluso, el fundamento legal por el cual debió sustentar la solicitud. Además, explica que la fiscal no ha logrado probar que los implicados formaban parte de una organización delincuencial, puesto que la definición de esta estructura según la ley requiere de una pertenencia, que actúen de manera concertada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves para obtener un beneficio económico y, hasta el momento, la fiscal no ha demostrado eso en la investigación.
En el fallo de doce páginas al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá , la jueza Baloisa Márquez recogió las opiniones de los abogados defensores, quienes coinciden en sus argumentos en que el caso no se circunscribe a uno de organización delincuencial como quiere hacer ver la fiscal.
En la investigación que expone la fiscalía, se ha permitido identificar el pago de $22,121,142 derivados de la transacción entre Transcaribe Trading, S.A. con el Estado para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraijan-La Chorrera en 2010, dinero que fue desviado a otros fines y que, según la Fiscalía, se utilizó para adquirir los diarios.
La Fiscalía sostiene que estos dineros se transfirieron en bancos locales y extranjeros de distintas jurisdicciones, lo que hizo necesario vincular la investigación con estos países para conseguir cooperaciones internacionales y la persecución penal efectiva. Aunado a esto, por tratarse de una multiplicidad de personas naturales y jurídicas, se efectuaron operaciones financieras cuya trazabilidad aún debe identificarse, por ende, solicita que se permita declarar ‘compleja’ la causa y otorgar más tiempo de investigación.
Rosendo Miranda, en representación de Gonzalo Gómez, manifestó su oposición, y añadió que se debe tener claridad de que no todos los delitos investigados por la Fiscalía de Crimen Organizado deben ser considerados como delincuencia organizada, ya que los que la ley indica que pueden ser de esa naturaleza se caracterizan por la pertenencia de un grupo de individuos a una estructura criminal organizada, desde la cual se diseña, planifica y ejecutan una serie de delitos graves, como narcotráfico, terrorismo o blanqueo de capitales.
Para que la Fiscalía pruebe que existe un grupo delictivo, según Miranda, debió presentar al juzgado las pruebas que acrediten que se concertó previamente y por un tiempo determinado la estructura delincuencial, además de que actuaron con dolo.
Por otra parte, Javier Soriano Cárdenas, en representación de David Ochy, indicó que la Fiscalía tampoco ha probado el delito de blanqueo de capitales, ya que Transcaribe Trading, S.A. recibió un dinero del Estado porque a la empresa se le adjudicó el contrato para el estudio y diseño de la autopista. Además, dice el abogado, los trabajos se realizaron y su cliente no figura como sindicado en la investigación por delito de peculado con el que se pretende justificar el delito de blanqueo de capitales.
Su representado, Ochy, solo fue indagado por blanqueo de capitales, y no se ha probado que exista el delito de delincuencia organizada, de hecho la empresa tiene más de veinte años de existir.
Adelita Coriat
