Juez ordena casa por cárcel para Pérez y Garuz

El juez Penal Décimo Sexto, Enrique Pérez, otorgó ayer una medida cautelar de casa por cárcel a los exdirectores del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, quienes están sindicados por los ‘pinchazos' telefónicos y se encontraban detenidos desde enero.

La decisión fue tomada tras culminar el tercer día de audiencia preliminar, prevista del 17 al 20 de agosto, que se realizó a puerta cerrada en la sala de la Corte Suprema de Justicia.

Pérez seguirá detenido, pues tiene otro proceso judicial pendiente por la posesión ilícita de armas por el que también tiene detención preventiva.

El juez se acogió al término de 24 horas para determinar si va a juicio o no.

La compra y desaparición de las máquinas pinchadoras desató una serie de investigaciones por las que Garuz y Pérez permanecen en prisión preventiva desde enero, mientras que William Pittí y Rony Rodríguez, exfuncionarios entrenados para operar el equipo, siguen prófugos y con una orden de detención.

En la audiencia estuvieron presentes los representantes legales de Pittí y Rodríguez, aunque su paradero sigue siendo desconocido para las autoridades del Ministerio Público que se encargaron de las investigaciones.

DEFENSA

Los abogados defensores de Garuz y Pérez, Cristóbal Arboleda y Rosario Correa, respectivamente, solicitaron sobreseimiento provisional, pero el juez lo negó.

Ante estas solicitudes de la defensa, el fiscal Nahaniel Murgas, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, señaló su desacuerdo con la solicitud de los abogados ante la posibilidad de una audiencia ordinaria, además que en su momento este punto había sido resuelto en un hábeas corpus.

La pena máxima por los delitos que se les imputa es de sesenta meses.

En el caso de la condena, los imputados tendrían derecho a una rebaja de un tercio de la pena por haberse acogido a un proceso abreviado.

Ahora corresponderá al juez determinar si hay méritos o no para que los imputados por delitos contra la administración pública y violación al derecho de la intimidad de por lo menos 150 ciudadanos, entre ellos políticos, dirigentes sindicales, comunicadores sociales y hasta diplomáticos.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia investiga al expresidente de la República, Ricardo Martinelli por esta misma causa.

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CASO DE LOS PINCHAZOS

Concluyó la audiencia preliminar y está pendiente de juicio

A Pérez y Garuz los acusan de ‘pinchar' conversaciones telefónicas y correos electrónicos de unas 150 personas, pero los afectados pueden ser más, según el Ministerio Público.

 

 

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