Invasores: precaristas o sinvergüenzas

Comencemos por definir con claridad los conceptos ‘invasor’ y ‘precarista’. Invasor es toda persona o grupo de personas que ocupan ilegalmente un terreno, sea este privado o estatal. Precaristas son grupos sociales marginados que, al no tener recurso o acceso al crédito para una vivienda, establecen asentamientos en lugares inhabitables. Esta práctica no es nueva, como todos recordarán, Loma la Pava, área donde se encuentra ubicado hoy Plaza Edison, fue invadido en los años 40 por personas que, luego en la década del 70, fueron sacadas de allí porque en ese sitio se construiría un Hospital Materno Infantil. Muchos de estos invasores fueron los fundadores de lo que luego se conoció como el ‘distrito especial de San Miguelito’. Loma Cová fue otro lugar invadido por gente de todas partes, algunos de los cuales lotificaron para vender pequeñas parcelas a quienes llegaron posteriormente. Muchas invasiones de tierras han sido promovidas por dirigentes políticos que ven en esta práctica politiquera una forma de conseguir votos jugando con la gente mas necesitada. Yo llegué a la capital en 1985 con grandes limitaciones económicas. Panamá vivía una situación difícil y sin posibilidades de solución a corto plazo, pero jamás se me ocurrió invadir una tierra. En ese momento muchos jóvenes llegamos a la capital con una pequeña maleta con ropa, otra llena de sueños y deseos inmensos de convertirnos en profesionales para lograr generar ingresos que nos permitieran echar adelante y formar una familia. No fue fácil, tuve que trabajar y estudiar duro, ya que no tenía apellido ni influencias; sin embargo, logré abrirme camino para construir todo lo que hoy tengo. Con el pasar de los años la invasión de tierras, que al principio pudo haber tenido una objetivo social, se ha ido convirtiendo en un gran negociado en el que unos pocos ganan, mientras la mayoría pierde. Hoy conocemos personas que identifican terrenos privados o del Estado para invadirlos, lotificarlos y venderlos a gente necesitada que deja lo poco que tiene para caer en esta trampa o estafa. También entran en este juego abogados que le sacan dinero a los invasores, con el cuento de que nadie los va a sacar de estas tierras, a sabiendas de que son tierras privadas que tarde o temprano volverán a mano de sus verdaderos dueños. Hoy, hay más de 300 invasiones de tierras en Panamá y muchas de ellas patrocinadas por representantes, diputados y alcaldes de todo el país. Hemos visto incluso cómo algunas áreas ya se han convertido en barriadas que llevan nombres de políticos que en su momento ayudaron a los invasores desde el Gobierno para que no fueran desalojados de estas tierras. El caso más reciente, en Villalobos de Pedregal, confieso que he sido testigo de cómo un grupo de personas propietarias de 60 hectáreas de tierra fueron víctimas de invasores que llegaron allí en mayo del 2016 a levantar con palos y hojas de zinc sus improvisadas viviendas. En más de cuatro ocasiones, los dueños de estas tierras fueron a mi noticiero, con documentos, tratando de lograr que las autoridades les dieran la mano para recuperar sus fincas, resultando infructuosos sus esfuerzos. En una ocasión los dueños de los terrenos hasta denunciaron haber sido agredidos y amenazados por algunos de los invasores. El pasado jueves, la Policía Nacional, atendiendo órdenes de la corregiduría, procedió a desalojar estas tierras, luego de 10 meses de lucha de los propietarios y gastos de miles de dólares. Luego de la acción policial, organizaciones de izquierda rechazaron la medida por considerarla violatoria a los derechos humanos.Estos grupos que defienden las invasiones sustentan sus argumentos en el artículo 117 de la Constitución que dice: ‘El Estado establecerá un política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social de toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso’. Este artículo es claro al señalar que es el Estado a quien le toca, a través de políticas, garantizar vivienda a los panameños. Aquí no dice por ningún lado que es obligación del Estado promover o apoyar las invasiones de tierras ni mucho menos regalar casas. Estos grupos de izquierda lo que buscan con ese discurso politiquero es allanar el camino para, en caso de acceder al poder, abolir la propiedad privada y dejar todo en manos del Estado. El Gobierno debe, a través de políticas de Estado, procurar que esta gente pueda conseguir un trabajo y aspirar a tener su propia casa. No podemos seguir apoyando las invasiones.

Álvaro Alvarado