Institución sin rumbo

El índice de calidad nos los brindan como es natural los países del primer mundo. En ellos el 25% de la población económicamente activa labora como micro, pequeño y mediano empresario.

En Panamá, ese porcentaje es ínfimo, del 3%, a pesar de que desde hace más de 15 años los distintos gobiernos han invertido fortunas para impulsar ese sector. Esto nos lleva a la conclusión obligada de que las estrategias seguidas hasta ahora han sido un rotundo fracaso.

Los criterios para ayudar, fortalecer y darle madurez a las distintas agrupaciones de pequeños empresarios quedaron en el abandono. Los seminarios no han pasado de ser un cúmulo de recursos técnicos, que poco aportan al verdadero carácter del comportamiento empresarial.

Ni que decir de la falta de seguimiento, balances y análisis de los resultados entre aquellos empresarios que han sido beneficiados con la acción institucional. Hasta ahora no se han creado los sistemas que faciliten esta labor.

Tampoco se tiene claro cuál es el sector que se quiere impulsar y en qué grado, de tal suerte que se acaba promoviendo el sector terciario de la economía, por espontaneidad.

Más que una institución pública llamada a la promoción de empresarios, la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) se ha convertido en una estructura para la promoción política.

De forma que, como en la práctica es una institución para la promoción política, no se aprovechan los recursos humanos que están o han demostrado ser conocedores de la materia.

En conclusión: la Ampyme termina compitiendo con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, en una mescolanza de objetivos que les impide apuntalar su eficiencia.