Inaceptable mora judicia
El sábado 26 de marzo, la periodista Aminta Bustamante publicó, en este diario, la información titulada: Urge una Reforma carcelaria. Es una nota comprensiva sobre los múltiples elementos que complican tal reforma y los buenos proyectos remediales contemplados por el Ministerio de Gobierno. Mejorar las facilidades penitenciarias e implementar programas modernos de rehabilitación y resocialización son proyectos esenciales que no deben tardar, como tampoco la ley de carrera penitenciaria, reglamentación que lleva 13 años esperando ser implementada.
Los privados de libertad, sin un debido proceso, y la “mora judicial” son los principales elementos que urge abordar para saber hacia cuál población de encarcelados debemos enfocar nuestros esfuerzos y planificar el futuro. El hecho de que Panamá tenga la población penitenciaria más alta per capita de toda Latinoamérica, resulta una posición vergonzosa y esto es así porque mantenemos como reos a un número plural de encarcelados, sin que hayan tenido un debido proceso.
Hagamos la matemática: dicen que tenemos un total de 17 mil 137 reos, de los cuales solo 6 mil 855 (40%) han sido debidamente condenados; y los otros 10 mil 282 (60%) aún se encuentran sin ser procesados; lo que representa un costo estimado diario de $102 mil 820. ¿Qué dice esto sobre los derechos humanos básicos en Panamá? Seguramente, no todos saldrían libres, pero ciertamente un número considerable ya ha cumplido sus sentencias indefinidas. Parece que el problema fundamental para la reforma carcelaria es una reforma para eliminar nuestra famosa y eterna mora judicial.
La viceministra María Luisa Romero “explica” que esta situación viene en parte, porque nuestro sistema no cuenta con información detallada y digitalizada, aunque eso no es una excusa aceptable. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no inicia un programa temporal para contratar a estudiantes de leyes o sus pares, para que digitalicen los archivos almacenados en armarios y gavetas? Se trata de algo tan básico como rescatar la documentación, actualizarla, digitalizarla o bien crear el expediente. De esta forma, podríamos reducir ese porcentaje tan vergonzoso, además de dañino para cualquier privado de libertad. ¿Cuántos deben quedarse en la cárcel y cuántos deben salir?
Dudo que este proceso implique contrataciones grandes y jugosas, pero sí creo que existe la voluntad y el ambiente adecuado para remediar la nefasta mora judicial que hemos aceptado por demasiados años. Los derechos humanos, la globalización y la economía nacional así lo exigen.
Los panameños han sufrido durante demasiado tiempo con un sistema de justicia injusto y han callado por demasiados años. ¡Suma tu voz contra esa inaceptable mora judicial!