Hubo evidente malversación’
Las 448 llantas que compró el Programa de Ayuda Nacional (PAN) dos días antes de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014 no eran requeridas con urgencia, y por ende no se necesitaba una negociación por invitación directa para su adquisición.
Así lo concluyó ayer la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, en la audiencia preliminar del proceso que siguió su despacho por supuestas anomalías en esta negociación.
La audiencia se llevó a efecto en el Juzgado Decimoquinto Penal y a su término Moore pidió el llamamiento a juicio del exdirector, la exjefa de Transporte y el exjefe de Bodega del PAN, Rafael Guardia Jaén, Ana Andrión y Edwin Serracín, respectivamente; y del empresario Charles Sadat Bonilla Ojeda.
“Es evidente la malversación de fondos públicos con la ayuda de un particular para lograr este fin”, dijo la fiscal en sus alegatos.
Explicó que había un interés de dar el contrato a la empresa Free Port PTY, S.A., cuyo propietario era Bonilla Ojeda, amigo de Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del PAN.
Moore también alegó que después de que cobró los tres cheques del contrato por $169 mil 482 con 86 centésimos, Bonilla Ojeda depositó $30 mil en una cuenta de la sociedad Piombino Holding, propiedad de Guardia Jaén.
Agregó que se pagó un precio superior a la cotización y además no se entregaron los mismos modelos ni la cantidad de llantas que fueron cotizadas.
En un solo día (2 de mayo de 2014) Guardia Jaén hizo la invitación directa a Free Port PTY, S.A., se emitió la orden de compra y se giraron los tres cheques por un monto total de $169 mil 482 con 86 centésimos.
Free Port PTY, S.A. compró las llantas al grupo Tambor en $52 mil 990 con 68 centésimos, por lo que la Contraloría General de la República determinó en una auditoría que la posible lesión patrimonial al Estado podría ser de $110 mil 948 con 35 centésimos.
En el caso de Andrión –cuñada de Guardia Jaén–, la fiscal precisó que firmó la nota en la que se requería con urgencia las llantas, sin haber efectuado un informe técnico que sustentara tal petición.
“Se compraron y entregaron llantas para autos de las sedes regionales del interior que estaban dañados y fuera de servicio”, dijo.
En lo que respecta a Serracín, explicó que recibió las llantas después de horas laborables, firmó el acta de entrega en blanco y al día siguiente de recibirlas, el 8 de mayo, ya había menos neumáticos de las pagados.
La fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de los fiscalizadores de la Contraloría, Adrián Guardia y Jorge González, pues el decreto que rige el PAN solo les permitía verificar documentos y no ejercer otras acciones.
DEFENSA
Víctor Orobio, abogado de Guardia Jaén, señaló que las actuaciones de este están sustentadas en el Decreto Ejecutivo No. 690 del 22 de julio de 2010, que rige la entidad, y no se ha acreditado que incurrió en un hecho doloso.
“Esto es una falta administrativa, no hay pruebas. Rafael Guardia no podía estar pendiente de todas las gestiones que se hacían en el PAN”, argumentó.
Para Orobio, este caso es una “decisión política”, porque no fue Guardia Jaén quien firmó el decreto que creó el PAN. Además, cuestionó que no se ha investigado a la junta directiva de la entidad en este proceso.
Recordó que en los otros expedientes en los que ha sido señalado, Guardia Jaén ha declarado y se ha hecho responsable de todo lo que hizo, por lo que no tiene sentido que no lo haga en este caso. Orobio pidió su sobreseimiento provisional.
En tanto, Orlando Castillo, abogado de Bonilla Ojeda, pidió la nulidad de la investigación al considerar que en las primeras diligencias realizadas por la fiscalía no se designaron defensores de oficio a los acusados y no se juramentó al perito contable. “Son pruebas ilícitas”, aseguró.
Indicó que desde el año 2010, el PAN compraba llantas para los vehículos de la entidad y el cambio de neumáticos debía hacerse todos los años, porque la vida de los funcionarios estaba en peligro.
Por su parte, los abogados de Edwin Serracín y Ana Andrión pidieron su sobreseimiento.
JUEZ SE ACOGE AL TÉRMINO
El juez Leslie Loaiza concluyó la audiencia poco antes de las 2:00 p.m. y anunció que en un plazo de 10 días decidirá si llama a juicio o no a los imputados.