Frustraciones con la justicia

Por primera vez, en la historia que yo recuerdo, el país entero ha estado pendiente de que la justicia finalmente actúe en los casos de corrupción de funcionarios. El pasado Gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal logró que en el mundo de la percepción se dijo que se robaron, sea por sobreprecios, sobrecostos o coimas directas, de 3000 a 4000 millones de dólares, muy por encima de lo que el pueblo normalmente deja pasar a un Gobierno. Hoy, cuando la Procuraduría General estima que el peculado suma poco más de 600 millones, nadie le cree. Preferimos creer los rumores y convencernos de que fueron más de 3000.

Ahora bien, los medios con una cobertura hasta enfermiza de los casos, con publicación de expedientes y la repetición de casos, han mantenido a gran parte de la población pendiente de los más de 100 casos que se han abierto. Pero todo esto ha conducido a una gran frustración nacional, quitando al primer detenido Guardia Jaén, todo lo demás ha sido una cadena de contradicciones y errores que solo ha servido para desacreditar el sistema judicial. Los únicos dos detenidos adicionales y ya condenados fueron por confesión de parte, el magistrado Alejandro Moncada Luna y el economista Ignacio Fábrega.

El resto de los supuestamente implicados ha logrado, con hábiles abogados y quizá algo más, condiciones especiales, casa por cárcel, país por cárcel, fianza, impedimento de salida, etc. Uno que otro queda en detención preventiva, pero no en una cárcel real, mientras el panameño es testigo, gracias a los medios, de la lucha entre abogados defensores y fiscales.

Pero veamos dónde nacen los problemas del sistema. El Órgano Judicial tiene para empezar un mal inicio, la cabeza, la Corte Suprema de Justicia es designada por un método que ningún panameño hoy acepta, pero es el constitucional. El presidente libremente designa los magistrados que son ratificados por la Asamblea Nacional. Los designados, invariablemente son criticados por la sociedad civil y los medios. Luego están los fiscales, a los que aparentemente se les deja mucho a su criterio, lo que proyecta, por la presencia de los casos en los medios, serias contradicciones. Por ejemplo, en mi opinión, se debe establecer por ley cuándo se puede dar detención preventiva, cuándo se puede dar casa por cárcel, país por cárcel o simple impedimento de salida del país.

Luego está el caso cuando se da una medida y luego se cambia, dejando la impresión de que hubo de por medio algún tipo de pago. Otro manejo a criterio y que deja muchas suspicacias es el caso de cambio de lugar de detención por salud. Para un detenido no hay duda que prefiere quedarse en un hospital que en una celda preventiva, pero estos cambios siempre vienen acompañados de dudas acerca de su legitimidad.

Otro tema contradictorio es el hecho de que en un país como el nuestro sigamos con dos sistemas, el inquisitivo y el penal acusatorio. Hemos visto cómo jugar con los dos, como el caso del magistrado Benavides, le gana tiempo y hasta estanca el caso.

Por último, quiero dedicar espacio a lo que para mí es imprescindible que resolvamos cambiando la Ley. Tenemos que permitir los juicios en ausencia. Si a una persona se le notifica por medios escritos o bien en su residencia o lugar de trabajo habitual, y ella luego no se presenta personalmente es porque no quiere, si es inocente tendrá que designar su abogado y enfrentar los cargos en ausencia, si es culpable ella decide qué hacer, pero con abogado designado o designado de oficio por el juez, el juicio debe proceder.

La triste realidad que estamos viviendo en varios casos de prófugos, nos debe enseñar que mejor enjuiciarlos en ausencia que perder el tiempo esperando cómo traerlos.

Para mí es una locura que no puedes investigar, si no está encausado; y no lo puedes encausar, si no se presenta. Señores, juzguemos en ausencia y… ¡acelerad todos los procesos! Cuando los prófugos vean que los juicios van, vendrán, si son inocentes, a probar su inocencia. Pero para mí el caso Martinelli, Obarrio y otros es solo la mejor prueba de que el sistema no es eficiente.

Y ya en otro aspecto, es imprescindible que los casos no sean juzgados en los medios, los medios son para cubrir noticias, no ser juez ni parte influenciando la opinión publica. Ya hemos visto cómo al magistrado Ayú Prado lo han satanizado los medios, con querellas sin peso, 8 de ellas de una misma persona.