Fiscalía de Cuentas tramita 27 expedientes de ‘alto perfil’
El más reciente informe del Tribunal de Cuentas detalla que la entidad tramita 27 expedientes catalogados de ‘alto perfil’ en los que se estima una presunta lesión patrimonial de $214.7 millones, hasta julio de 2017.
Entre los casos administrativos que son investigados por manejo de los fondos del Estado están: la compra de comida deshidratada (1 y 2), máquina pinchadora, adquisición de mochilas, Cobranzas del Istmo, alquiler de servicios de helicópteros, el fallido contrato del Sistema de Riego de Tonosí, compra de bolsas de comida y de llantas a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), Programa Piso y Techo, entre otros.
En el ramo penal, las investigaciones de estos casos han vinculado a ministros, directores de entidades y funcionarios de la pasada administración de gobierno (2009 – 2014).
El caso de mayor cuantía que adelanta este despacho es por un monto de $45 millones y corresponde a la compra irregular de comida deshidratada, durante la pasada administración.
El expediente de menor cuantía que se instruye al momento de este informe asciende a $9,469 y es por las compras efectuadas por el PAN (hoy Dirección de Asistencia Social – DAS) para Techos de Esperanza. En esta investigación se vincula al actual director de la institución, Rafael Stanziola.
En este nuevo informe, se reportan cinco casos de la Universidad de Panamá en los que se adelanta una posible lesión patrimonial por al menos $13.7 millones.
Un informe del capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indica que después de monitorear veinte casos de corrupción la lesión patrimonial podría ascender a $357.3 millones hasta julio de 2017.
Según el análisis de Transparencia Internacional, con esa suma se podrían fortalecer los mecanismos anticorrupción, como la Carrera Judicial a la que la Corte Suprema de Justicia ha asignado $1.5 millones para su implementación.
Este monto también podría cubrir el presupuesto de la Corte, que asciende a $332 millones, según la petición de su presidente, el magistrado José Ayú Prado.
FISCALÍA DE CUENTAS
La Fiscalía General de Cuentas, creada mediante la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, es el ente encargado de instruir la investigación patrimonial por las irregularidades que detecte la Contraloría General de la República.
Esta Fiscalía le aplica sanciones por el mal uso de los fondos y bienes públicos.
Marlene Testa
