Entre la espada y la pared

Los Panamá Papers se han convertido en un problema nacional, cuando debió ser de la firma involucrada. Han afectado al señor presidente, pues uno de los señalados es su amigo, fue su ministro consejero, presidente de su partido y donante de su campaña. Estas circunstancias han descarnado la urdimbre de relaciones y manipulaciones políticas que se manejan fuera de la vista del ciudadano común, en el negocio de los servicios legales internacionales panameños. No es secreto que la mayoría de las grandes firmas del país (y del mundo) tienen abogados que han ocupado importantes cargos, desde presidentes, ministros, magistrados, embajadores y otros, desde inicios de la República. El teorema es: “muchas de las grandes firmas han florecido bajo la sombra política”. Con esto no quiero demeritar el talante profesional ni ético de sus socios, pues en su mayoría han sido y son profesionales calificados, serios y responsables, que han contribuido al desarrollo de la plataforma de servicios legales internacionales que brinda Panamá. Ahora salió a relucir que, al menos, dos consulados clave para la promoción de negocios legales internacionales estaban bajo la administración de familiares de los socios principales de M&F, obviamente, nombrados por el Ejecutivo. Esto es la aplicación del teorema enunciado. Un problema corporativo se convierte en tragedia nacional y, ahora, el señor presidente se enfrenta a la ordalía de actuar de forma correcta ante esta situación. Y es una ordalía, porque ser objetivo implicaría excitar a la justicia para que, por la gravedad de las circunstancias, investigue con diligencia y firmeza la posible responsabilidad penal de los involucrados y que, con la misma prestancia con que no le pesó la mano para imponer medidas cautelares ante situaciones penales más diluidas, demuestre la rigurosidad que el mundo espera, en lugar de gestar una demorada intervención, en aras de determinar un delito informático. Gestión que si bien es conducente, no es el instrumento adecuado para lavar la cara al país. Esto crea suspicacias.

Ante la crisis, el Ejecutivo ha actuado de manera anodina y pretende resolver parte del entuerto convocando una comisión presidida por un laureado economista para “estudiar y analizar” nuestra plataforma de servicios, lo que debió ser una labor obligatoria y prioritaria del Gobierno, ante presiones de los consorcios internacionales y países que nos han colocado en listas negras o grises. Esa iniciativa, ante los hechos consumados, no es una acción reivindicadora. Lo ocurrido debilita nuestra capacidad negociadora y estos gremios se aprestan a sacar ventaja e imponer condiciones a su criterio. No es fácil, personal ni políticamente para el presidente, ver a un amigo señalado mundialmente, abrumado con caudales de indicios, como gestor o encubridor de delitos que afectan a otros países y que pueden llevar al nuestro a un desastre. Pero él es presidente de un Estado y responsable de todo un país, por muy justa y loable que sea la amistad existente, el deber le impone tomar decisiones, tal vez dolorosas, pero necesarias que no dejen dudas. Ejercer un liderazgo es una pesada carga, pero no todos tienen el talante de llevarla.