El tamaño del sector público
El gasto total del sector público no financiero, en Panamá, pasó de los $3.7 mil millones, en el año 2004, hasta los $11.9 mil millones.
En el 2014, lo que representa un crecimiento promedio interanual de 12.4%, con una dinámica de expansión parecida a la del producto interno bruto (PIB) medido a precios corrientes.
En término relativos, ese gasto como proporción del PIB se ha situado entre un 24% y 27%, algo inferior, pero muy cerca del promedio de Latinoamérica que supera el 30%. Esta realidad contrasta con la idea de que el gasto público es excesivo y que los países más desarrollados tienen menor propensión a gastar fondos públicos en la atención de los servicios que sus ciudadanos reclaman. Así, por ejemplo, países como Alemania e Inglaterra tienen un elevado gasto del sector público no financiero, que supera el 44% de su PIB, en ambos casos. Este planteamiento no pretende incentivar un mayor gasto público, sino poner en contexto las realidades en la región y el mundo, con el fin de no repetir las malas experiencias de otras economías, que no logran librarse de la inercia que acarrean los gastos del sector público y, peor aún, del método de financiamiento de estos que, por lo general, consiste en una estructura impositiva agresiva, lo que se traduce en fuertes sacrificios de los contribuyentes.
Por tal razón, no hay una medida o un monto óptimo del gasto total del sector público que típicamente se compone de tres renglones: gastos operativos (corriente), pago de intereses de deuda y gasto de capital (inversión). El primero se refiere a los desembolsos que realiza el gobierno para cubrir sus costos operativos (administrativos); el segundo es el monto correspondiente al pago de intereses sobre la deuda pública (interna y externa) que se mantenga con los acreedores, y el tercero se refiere a todas las erogaciones que se destinan al incremento de los activos físicos o financieros del Estado y país. En este apartado, usualmente se incluyen los gastos en la construcción de obras de infraestructura (vial, energía, salud, educación y servicios básicos, entre otros), financiamiento de programas para los sectores agropecuario e industrial y, en general, todo lo que permite incrementar la capacidad futura de producción del país.
Sin duda, de todos los componentes del gasto público enunciados el más relevante para el crecimiento de la actividad económica es el de capital. Este es el que ayuda a propiciar las condiciones necesarias para que aumente la capacidad de producción y alcanzar mayores tasas de crecimiento del PIB.
Algo que no se puede obviar cuando se analiza el gasto público son los subsidios (directos o indirectos), cuyo principal objetivo es aumentar el bienestar de la población más vulnerable del país (pobres, marginados, personas con discapacidad e indígenas, entre otros).
Sin embargo, un subsidio solo será sostenible cuando implique inversión en el ser humano, de manera que ayude a los beneficiados a valerse por sí mismos, mediante el desarrollo de actividades productivas que antes no podían desempeñar por falta de recursos o que le estaban vedadas por su condición de vulnerabilidad. El caso contrario, se presenta al diseñar subsidios que solo tienen como propósito estimular el consumo. De esta manera los individuos alcanzarán un estado de satisfacción de necesidades básicas, sin una contrapartida que los incentive a ser productivos y a retribuir después el sacrificio que hace el gobierno, en beneficio de otros grupos que requieran ayudas similares.
En conclusión, no cabe duda de que el gasto público y la forma cómo se ejecuta son variables importantes que influyen en la actividad económica. Una economía que dedica la mayor parte de su gasto al financiamiento de actividades administrativas, estará más limitada para aumentar su capacidad productiva que aquella que invierte en su capital humano y en las obras necesarias para el desarrollo de actividades empresariales, lo que se traducen en mayores beneficios para el país.