El nefasto proyecto de ley 305
En Panamá, muchos indolentes, mediocres e irresponsables se refugian en el voto popular. Aquí los presuntos dirigentes prefieren ver su bolsillo lleno antes que actuar con responsabilidad, honestidad y transparencia; no combaten la corrupción. Es la misma camarilla que siempre escudriña entre la pobreza del pueblo, prometiendo honradez, transparencia y honestidad, la que hoy se desviste ante la luz pública, al aprobar el nefasto proyecto de ley 305, que modifica la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, y que admite, permite y fomenta la corrupción de capitales extranjeros provenientes de empresas sancionadas por actos de corrupción comprobada.
Nuestro país está en decadencia debido a la politiquería y la rebusca de quienes tienen la oportunidad, en detrimento de los ciudadanos inscritos o miembros de esos partidos políticos y del resto de los panameños que guardan silencio. Vivir bajo la cultura del miedo es ser esclavo de nuestro pensamiento. Es preciso que del pueblo fluya la voz de protesta, que las Iglesias se manifiesten, que las organizaciones sociales y los gremios se expresen con sinceridad y claridad, salvo que se arropen con la misma sábana de la Asamblea Nacional. Aún desconozco la opinión diáfana, sana, sincera y contra la corrupción por parte del contralor general, Federico Humbert; de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell; del procurador de la Administración, Rigoberto González, y del defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.
Si la maquinaria del Ejecutivo continúa construyendo los caminos para que transiten los diputados de la Asamblea Nacional y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, las carreteras de la corrupción serán más amplias. La aprobación del perverso anteproyecto de ley 305 deja entrever que si el gobierno de Martinelli dejó más de 25 mil millones en deuda, el de Varela duplicará la cifra y los “fugitivos” serán más.
Fueron solo siete diputados, armados de valor e hidalguía, los que se atrevieron a oponerse al Ejecutivo y a su línea de permitir contratar a empresas embarradas en actos de corrupción en otros países. Fueron ellos: Ana Matilde Gómez (independiente), José Antonio Domínguez (panameñista), Juan Carlos Arango (Partido Popular) y los perredistas Leandro Ávila, Javier Ortega, Iván Picota, Néstor Guardia y Zulay Rodríguez.
Siento vergüenza ajena, pero es vergüenza pública. Es hora de que el presidente Varela demuestre la honestidad de su gobierno, devuelva a la Asamblea ese nefasto anteproyecto de ley, haciendo las correcciones que corresponde, para demostrar que la corrupción es repudiada, venga de donde venga.