El debido proceso en época de crisis

A la luz de los casos que se desarrollan para esclarecer los supuestos actos de corrupción en que incurrieron algunos funcionarios del gobierno anterior, en diversos medios de comunicación social se menciona el término “debido proceso”. Se trata de un principio que tiene raigambre constitucional y, además, figura en los textos internacionales sobre los derechos humanos.

El debido proceso como tal es una garantía para todos los ciudadanos, porque exige que durante el desarrollo de un proceso judicial, la persona investigada conozca, sin cortapisas, los hechos por los que se le denuncia; el nombre de su acusador; las pruebas que sustentan el caso y la posibilidad de presentar aquellas que lo debiliten, al tiempo que tiene derecho a contar con un abogado idóneo y calificado, quien en los escenarios procesales –ya sea en el inquisitivo o el acusatorio– ejerza la defensa.

En consecuencia, el debido proceso implica el cumplimiento de una serie de pasos obligados con lo que se dota a quienes intervienen en el proceso de igualdad de oportunidades para hacer valer sus pretensiones jurídicas. Tanto la Fiscalía, como la defensa, sin perder de vista el abogado de la víctima, cuentan a su haber con estas posibilidades de cara a preservar los intereses de la justicia.

El país se aboca a vivir momentos importantes en materia judicial, casi similares a los que experimentó en la década de 1990, cuando ingresaron nuevas autoridades al poder Judicial y a la Procuraduría General de la Nación. Estas, a pesar de una serie de dificultades, lograron impartir justicia en casos que conmocionaron el país.

Los actuales dignatarios también tienen ahora la inmensa responsabilidad de ofrecer las condiciones para asegurar que se haga justicia. Por eso, el Gobierno debe superar la mentalidad mezquina y dotar de recursos a los estamentos judiciales, pues frente a la complejidad de los delitos denunciados es necesario que, tanto a los fiscales como a los jueces de circuito –donde radicarán al final estos macro procesos–, se les dote de los medios y recursos que les permitan dar respuesta pronta y efectiva.

Bajo el esquema actual de trabajo, la sociedad solo encontrará frustración y decepción, no por el operador judicial, como tal, sino por la política de egoísmo hacia la jurisdicción de Circuito Penal, que dentro del poder Judicial es la cintura de dicha institución y en la que descansa la mayor cantidad de trabajo.

Por lo tanto, el debido proceso no solo depende del operador directo, sino de los estamentos públicos del Ejecutivo, que deben brindar las facilidades para que este se optimice y se efectivice en el proceso penal. El tiempo dirá si ahora existe la voluntad de brindar justicia efectiva a la población.