El Canal ampliado y su relación con la excelencia y la transparencia

Rómulo Escobar Bethancourt, negociador principal de los Tratados Torrijos–Carter por Panamá, también fue presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Democrático, junto a Alfredo Macharaviaya, Carlos Ozores, Ramiro Vásquez Chambonnet y mi persona, en la década de 1980.

Disfrutábamos cuando nos contaba pasajes de tan importante e histórica negociación. De tantas anécdotas, recuerdo una que según dijo ocurrió cuando iniciaron la discusión de los aspectos económicos del tratado. La delegación estadounidense, con tono inusual y poca diplomacia, les hizo saber lo siguiente: “Como negociadores de parte de Estados Unidos de América, formalmente les comunicamos que nos está prohibido, por legislación vigente de nuestro país desde la construcción del Canal, disponer o comprometer sus ingresos o utilidades en otros gastos o inversiones que no sean para mejorar su operación o el mantenimiento del Canal y de la zona adyacente”.

Y como negociadores les estaba prohibido tocar ese tema frente a la delegación que Escobar Bethancourt presidía. No obstante, ante esa dura posición en contra de nuestro país, él pidió un receso y llamó al general Omar Torrijos, quien de inmediato les autorizó regresar a Panamá en el primer avión que encontraran. Así lo hicieron. Pero al llegar a Tocumen había una contraorden para que volvieran a Washington D.C., en el primer avión que pudieran. El general Torrijos lo contactó telefónicamente y le dijo: “Rómulo, dicen los gringos que eso lo tenían que decir para que constara en actas que ellos lo advirtieron, en caso de que el Congreso llegase a una investigación a futuro”. Él solo le respondió: “Déjenos llegar a nuestras casas, al menos, para bañarnos”. Al regresar ese otro día, todo continuó normal en las negociaciones.

Después de los “mal llamados” Panamá Papers, de las listas grises y la de Clinton, asocio el principio o doctrina de la ley invocada por los estadounidenses, ante su preocupación a futuro por una falta de excelencia y transparencia, a que nuestra economía no sea próspera ni pura, de tal forma que los ingresos o utilidades del Canal tradicional y el ampliado sean mal utilizados y afecten su mantenimiento y operación, pues el éxito de la administración estadounidense durante casi un siglo se basó en la existencia de esa norma legal o doctrina, diría yo.

Sabemos que nuestro Canal representa un paso o un “portillo” de Estados Unidos para vender sus granos y bienes industriales al mundo asiático, hoy en total crecimiento, y requiere que nuestro Canal con sus tres juegos de esclusas funcione de forma eficiente, permitiendo el tránsito de los barcos graneleros y –a partir del próximo 26 de junio– de los neopanamax, para beneficio de todos los países del mundo, como lo determina el tratado de neutralidad vigente.

Al igual que muchos nacionales, aspiro a que nos afiancemos en el negocio de la familia Panamá de “pasar barcos” y que corrijamos los entuertos legales, para que nuestro país desarrolle todas las actividades afines del negocio canalero, sin descuidar otras como la producción agrícola, mediante métodos técnicos amigables con la conservación del medio ambiente. De tal forma que conservemos el agua dulce panameña: el principal aporte nuestro al funcionamiento del Canal de Panamá ampliado.