Ejecutar el SPA sin recursos es abrirse a la impunidad”
El Sistema Penal Acusatorio (SPA) parece entrar forzado en el último circuito judicial del país, y con cientos de interrogantes sobre la eficacia que tendrá en los procesos judiciales.
El presupuesto no es suficiente para ninguna de las entidades que intervienen en el proceso. Tras una alta reunión ayer, en la Corte Suprema de Justicia, las entidades vinculadas con el nuevo sistema concluyeron que por el presupuesto que se le asignó a la justicia este año, quedarán ‘a la deriva' 489 vacantes destinadas para el penal acusatorio. Es decir, recalcan, el 45% de los puestos necesarios.
La crisis empieza en la columna vertebral del SPA: el Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), encargado de proveer las pruebas científicas en los Tribunales. Tiene un déficit de más del 50%. Humberto Mas, su director, asegura que el hueco económico crece todos los años.
Esa entidad solicitó al Ejecutivo $76 millones, para planificarse de cara a la entrada del SPA a la capital, sin embargo, ese Órgano aprobó solamente $35 millones, es decir, 54% menos.
Los encargados de la implementación del SPA, que entrará a regir el próximo dos de septiembre en la capital, alertaron de que se registrará una ‘gran cantidad de impunidad en los procesos', de no contar con un presupuesto adecuado, especialmente en el Imelcf.
Mas explicó que esta institución ‘está encargada de hacer cumplir el sistema, pero prácticamente se le hará imposible con el dinero asignado'.
Otra entidad en horas complejas es la Defensoría Pública. Danilo Montenegro, su director, manifestó su preocupación, ya que la mayoría de las posiciones son de este departamento que es tan importante en este sistema de justicia.
‘FUEGO' EN LA DIJ
En cuanto, a la Dirección de Investigación Judicial, el comisionado Marcos Córdoba resaltó la necesidad de recursos humanos tanto de personal uniformado como civil, y adecuaciones de algunos cuarteles por la mayor participación que se va a tener en los próximos meses.
El magistrado Harry Díaz, dijo que de implementar el SPA sin el presupuesto necesario, se corre el riesgo de que ‘una gran cantidad de casos queden impunes, y esto afectará la convivencia social del país'.
El SPA deberá entrar en vigencia en cuatro meses en los circuitos judiciales de Panamá, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala, últimas zonas del país en incorporarse.
El asunto es sensitivo, tomando en cuenta que en esa región se movió el año pasado cerca del 55% de los casos judiciales que se registraron en el país, cuatro veces más que en Tercer Distrito Judicial, que comprende Chiriquí, Bocas del Toro y Ngäbe Buglé.
En la capital se tramitan, por ejemplo, la mayor parte de los escándalos contra la administración pública.
LOS PENDIENTES
Según los balances del Ministerio de Economía y Finanzas y del Órgano Judicial, el SPA tendrá este año cerca de $32 millones, $27 millones menos de lo que se necesitaba. Se arrastra un pendiente de $1.2 millones para la contratación de personal para provincias centrales, $100 mil para el equipamiento y ‘desarrollo de aplicaciones y redes' para el sistema en Coclé y Veraguas, y otros $500 mil para Chiriquí, Bocas y Ngäbe Buglé.
El magistrado Abel Zamorano nsiste en que se requiere de un recurso adecuado para que el sistema sea exitoso. ‘Este es un papel que tenemos como deber y no podemos postergar el sistema, todos somos responsables de que avance como hasta ahora se ha dado con buenos resultados', señaló.
EL EJECUTIVO PROMETE RESPUESTAS
La presión por conseguir los recursos adecuado la sintió el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, quien manifestó que el Órgano Ejecutivo está comprometido para que se ‘implemente el sistema en todo el país'.
En este sentido, anunció que sostendrá reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, para buscar una solución'.
Durante la reunión —en la que también participaron los magistrados José Ayú Prado Canals, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Ángela Russo de Cedeño, Jerónimo Mejía y Cecilio Cedalise, así como los magistrados del Segundo Tribunal Superior Secundino Mendieta y Wilfredo Saenz— se discutió la posibilidad de diferir la implementación para ajustar el presupuesto, tal como lo proponía el magistrado Harry Díaz, sin no fue aceptada.
Aunque se había considerado, los organismos internacionales que manejan el tema le explicaron al Órgano Judicial que ‘no es conveniente'.
Alemán, quien se comprometió a conseguir los recursos que hacen falta, manifestó que' no es factible' dividir la implementación del SPA en su última fase.
El otro inconveniente estaba en lo legal: la moción 48 de 2009 establece que en el Primer Distrito Judicial se deberá implementar el 2 de noviembre de 2016, dos años después de lo originalmente planteado.