Donaciones de Motta a la campaña de ‘Mimito’ son ‘ilegales’
Las donaciones procedentes de cuentas y sociedades extranjeras son ilegales. Alfonso Fraguela, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que los dineros que se aportan desde cuentas en el extranjero permiten ocultar los orígenes de los donantes. ‘Por eso el artículo 190 del Código Electoral establece que no se aceptan donaciones anónimas’, añadió el jurista.
‘SI LA SOCIEDAD QUE HIZO LA TRANSFERENCIA NO TIENE ACTIVIDAD ECONÓMICA, (LA DONACIÓN) SERÍA ILEGAL’,
ANNETTE PLANELLS
ACTIVISTA DEL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE (MOVIN)
En uno de los expedientes que se adelantan por el pago de coimas a funcionarios y políticos panameños, se conoció que el tesorero de la campaña presidencial de José Domingo ‘Mimito’ Arias en 2014, José Porta Álvarez, reconoció que recibió un $1 millón del empresario Stanley Motta y $1 millón de la empresa constructora Odebrecht.
Motta aceptó donar a la campaña de Arias, pero con condiciones. El empresario pidió que se abriera una cuenta en el extranjero para depositar las donaciones.
La cuenta indicada fue abierta a nombre de la sociedad Allure Consulting & Services Inc., con el número 115953, en un banco del exterior, que resultó ser PKB Privat Bank, S.A., en Lugano, Suiza. El primer depósito del empresario Motta, a través de la sociedad Multitenant Overseas Ltd., fue por la suma de $200 mil.
RECURSO LEGAL
Porta Álvarez busca acuerdo
José Porta Álvarez, acusado de lavar activos de la constructora Odebrecht por un monto de $1 millón, intenta negociar un acuerdo con la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Así lo conoció este medio.
Los acuerdos de colaboración son conforme a la Ley 4 del 17 de febrero de 2017. Esta norma, en su artículo 4, numeral 2, establece que el Ministerio Público y el imputado, en compañía de su defensor, podrán realizar acuerdos de penas o colaboración, a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria.
Este recurso debe establecer la aceptación del imputado de los hechos expresados en la resolución de indagatoria o parte de ellos, así como la pena a imponer.
La colaboración eficaz del imputado busca el aporte de información esencial para descubrir autores o partícipes de delitos.
Una vez establecido el acuerdo, el fiscal deberá presentarlo ante el juez de la causa mediante acto de audiencia oral, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existen indicios de corrupción o venalidad.
Aprobado el acuerdo, el juez procederá a dictar sentencia y de ser condenado el imputado impondrá pena que no podrá ser mayor a la acordada ni inferior a una tercera parte de la que le corresponde por el delito
De acuerdo con los registros de Panadata, una plataforma que brinda acceso a la data pública del país, la sociedad Multitenant Overseas Ltd. no está registrada en Panamá. En los archivos del Registro Público tampoco aparece. Esto indica, según una fuente del Registro Público, que pudiera tratarse de una sociedad extranjera.
Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente de Panamá (Movin), considera que es ilegal recibir donaciones de una sociedad anónima que no tenga actividad económica en el país. ‘Lo que hay que determinar es, cuál fue el origen de la transferencia’, añadió.
‘No soy quién para juzgar qué hace la gente con su dinero, pero se me ocurren miles de mejores formas de invertir un millón de dólares. Preferiría hasta cambiarlo por centavos y tirarlos a una fuente antes de contribuir a perpetuar el gobierno más corrupto de la historia de Panamá’, aseguró la activista al ser consultada sobre estas donaciones.
La Ley Electoral de 2013 prohíbe las donaciones anónimas a partidos políticos y candidatos. Así mismo, son prohibidos los dineros provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas dentro de la República de Panamá.
PIE A UN PROCESO
Este tipo de actuaciones, según el representante del gremio de los abogados, debe investigarse en la esfera electoral y ‘desde allí la fiscalía debió iniciar los procesos frente a las denuncias’.
A su juicio, los temas electorales también tienen ribetes penales. ‘Si los dineros provienen de hechos delictivos, tendrán responsabilidades y las investigaciones deben alcanzarlos’, dice el abogado.
Fraguela aclaró que el mecanismo para hacer llegar las donaciones de una persona jurídica nacional a un candidato debe ser objeto de revisión. Incluso considera que debe tomarse en cuenta para la reforma de los próximos comicios electorales.
Planells, por su parte, también piensa que estos hechos abren paso a la apertura de un proceso. Sin embargo, cree que un caso por este tema estaría prescrito, considerando que han pasado tres años desde que ocurrieron los hechos.
El abogado Ernesto Cedeño tiene un criterio distinto al de Planells y Fraguela. A su juicio, lo más importante es que un extranjero no puede donar a una campaña. ‘Lo jurídicamente inviable, multable, es la donación de personas foráneas’, dice.
DOBLE APUESTA
Motta es considerado uno de los mayores donantes de la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. Pero, al mismo tiempo, el empresario también decidió respaldar la figura del mayor adversario de Varela, ‘‘Mimito” Arias.
Hasta ahora se desconoce si el empresario será llamado por el Ministerio Público para que rinda testimonio de la reunión que se dio para girar las instrucciones sobre cómo se darían sus aportes a la campaña de Arias.
‘Dentro del expediente no existen elementos de investigación para determinar la manera en que se hizo la donación de parte de Motta. No se han hecho intentos por corroborar las transacciones que se realizaron. Ni siquiera se investiga la estructura que se usó para hacer llegar sus donaciones al excandidato presidencial’, señaló la fuente judicial.
CASO ODEBRECHT
Sobre la reanudación del caso Odebrecht, Arias y José Porta Álvarez han sido los primeros llamados por la Fiscalía Especializada Anticorrupción para ser indagados por las coimas que pagó la constructora a funcionarios y políticos panameños.
‘LAS INVESTIGACIONES DEBIERON TENER SU GÉNESIS EN LA ESFERA ELECTORAL, Y DESDE ALLÍ LA FISCALÍA DEBIÓ INICIAR PROCESOS’,
ALFONSO FRAGUELA
PRESIDENTE ENCARGADO DEL CNA
Las investigaciones del caso fueron reiniciadas el 26 de abril, después de que el Segundo Tribunal de Justicia concediera un plazo de un año para culminar las pesquisas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
En el proceso estarían involucrados al menos más de seis decenas de personas. La fiscal Zuleyka Moore reveló que las pesquisas abarcarían los periodos presidenciales de Martín Torrijos (2004-2009) hasta el de Juan Carlos Varela (2014-2017).
Tras la reactivación del caso, la Fiscalía Especializada Anticorrupción ordenó 86 diligencias inmediatas en bancos, firmas de abogados, empresas e instituciones públicas y dijo que continuarán las aprehensiones e incautaciones de valores y bienes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2010 y 2014, Odebrecht pagó $59 millones en sobornos a funcionarios y políticos panameños. Sin embargo, esta suma no abarca el periodo gubernamental de Torrijos, donde la empresa contrató una serie de obras por más de $500 millones, entre ellas el tramo 2 de la Autopista Panamá Colón, la Cinta Costera I y el Sistema de Riego Remigio Rojas.
Marlene Testa
