Díaz pide al pleno encausar a una subalterna
El magistrado Harry Díaz ha pedido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reconsidere su decisión de rechazar la apertura de un proceso administrativo disciplinario contra Vielza Díaz, secretaria administrativa de este órgano, y de cualquier otra persona que resulte responsable de faltas contenidas en la Ley de la Carrera Judicial.
El 12 de mayo de 2016, el Pleno de la Corte ‘rechazó de plano por prescrita' el inicio del proceso administrativo contra la funcionaria.
En la resolución, los magistrados también rechazaron compulsar copias del expediente al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos contra la administración pública, en su modalidad de peculado; fraude en actos de contratación pública o falsedad ideológica. Denegó, además, la suspensión de la funcionaria.
Díaz alegó que la seguridad jurídica del sistema debe primar por encima de la formalidad procesal. Esto considerando que entre las razones para rechazar la apertura de la causa está que las denuncias por faltas disciplinarias deben interponerse de forma oral y bajo los rigores de la declaración jurada.
El magistrado explicó que la queja guarda relación con un informe técnico suscrito por la secretaría administrativa de la Corte, y la directora de servicios comunes, Arelys Caballini, con el visto bueno de Alejandro Moncada Luna, expresidente del Órgano Judicial, para seleccionar al contratista Cemi Group.
La empresa se encargó de la rehabilitación y equipamiento del edificio 351, que alberga los juzgados de familia, por un monto de $2.4 millones, suma que fue aumentada hasta $2.9 millones.
El contrato se otorgó posterior a la aprobación del Consejo Económico Nacional, que se basó en el informe técnico que establecía ‘la especialidad, exclusividad y urgencia de contratar' a la empresa alegando que había construido varios proyectos, y se caracterizaba por entregarlos en menor tiempo de lo establecido y sin perder la calidad.
El informe carece de veracidad considerando que la empresa inició operaciones en 2012, sustenta Díaz.
‘Existen pruebas contundentes de falsedad ideológica que llevó a una contratación directa que comprometió los intereses de la Corte Suprema de Justicia y en la que se omitió el procedimiento legal establecido para contratación pública', aseguró el magistrado Harry Díaz en el recurso presentado ayer ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.