Desvaríos de la justicia
Un juez venal de un largo y vergonzoso prontuario de fallos a contrapelo con el derecho, recientemente acaba de sorprender con otro fallo en el cual sobresee a un exministro y un empresario corrupto que estafaron al pueblo panameño facturando horas de vuelo de helicópteros a pesar de que las mismas no aparecen en los registros de vuelo de la Autoridad Aeronáutica Civil, como toda operación del ramo, y que no pudieron comprobar lo que se hizo en ellas. Este fallo publicado un 30 de diciembre de 2016, para inmediatamente acogerse a ocho meses de vacaciones y después optar para ser premiado con jubilación por retiro voluntario, es una ofensa a todos los ciudadanos decentes del país, pero más que eso es una afrenta a todos los profesantes dignos del derecho, a todos los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo, a todas las universidades donde se pretende preparar estudiantes para ejercer el derecho, al Colegio de Abogados y cualquier otra agrupación de abogados honestos del país. Es un absoluto desprecio a la labor fiscalizadora que debería realizar la Asamblea Nacional y les enrostra que no son más que una manada de alcahuetes, deshonestos, cómplices de esta gran afrenta a la Nación. Los ciudadanos no deberíamos permanecer incólumes ante esta reiterada muestra de corrupción en la justicia panameña, que nos hace ver la indefensión y cuan expuestos estamos al vaivén de las bajas pasiones y de movimientos de dinero en los fallos de los tribunales nacionales. Por su trayectoria este juez califica como un gran descarado del Órgano Judicial, porque sorprendentemente reincide una y otra vez con fallos descabellados que merecerían ser revertidos por sus superiores si tuvieran vergüenza y decencia, pero que los amanuenses de la Corte “dejan hacer y dejan pasar” con un silencio que denota una complicidad estridente en estos hechos vergonzosos. Los medios de expresión están en su deber de hurgar en las interioridades de este juicio y solicitar un inventario de los juicios que se han manejado en ese juzgado en los últimos 10 años, para deslindar responsabilidades, porque por corrupto que sea un hombre, no puede lograr tal demostración impune de menosprecio a la justicia sin la complicidad de fiscales que en algunas ocasiones son negligentes ex profeso para viciar pruebas y presentan alegatos insustanciales para obtener un resultado que tiene todas las trazas de “acuerdo ventajoso previo”. Ya que la Asamblea Nacional, en contubernio con el Órgano Judicial, no se interesa por poner un alto y sancionar ejemplarmente estos desafueros, debemos ser los ciudadanos los que deberíamos hacernos sentir y reclamar una auditoría internacional no comprometida a los fallos emanados de ese despacho para desenmascarar esta trama.
Arturo Rebollón Hernández