Descentralización y seguridad
En un lenguaje muy sencillo, la descentralización municipal no es más que el traspaso del poder del Gobierno central del Estado a los gobiernos locales. Es una forma de acercar al ciudadano y a los alcaldes, para que se solucionen los problemas que agobian los distritos. La lectura de este artículo no se debe hacer en función de los reavalúos, uno de los temas que más desconfianza produce en la ciudadanía y que espero sea derogado en su totalidad. Mi interés es escudriñar un poco cómo se articulará la seguridad ciudadana en la gestión municipal.
Al respecto, las preguntas que se deben plantear los alcaldes son: ¿Qué debo hacer en materia de seguridad ciudadana? ¿Cuáles son las normas que debo asumir para cumplir esa gestión? ¿Qué pasa si incumplo las obligaciones y funciones que me competen en este tema? ¿Cuál será el rol de la Policía Nacional en los gobiernos locales en esta materia, se van a supeditar a los alcaldes? ¿Está dispuesto el Estado a descentralizar la seguridad ciudadana? ¿Será necesario reformar la ley de la Fuerza Pública para que articule la gestión desde los municipios?
Ignoro si estas inquietudes han sido consideradas. No obstante, se deben tomar en cuenta si, en efecto, pretenden que los gobiernos locales jueguen un rol en ese tema. En pocas palabras, su responsabilidad debe estar articulada con los planes nacionales de seguridad.
Panamá todavía no ha adoptado una política criminológica, pero tarde o temprano lo debe hacer, porque las circunstancias así lo exigen. Por esto, la descentralización debería estar preparada frente a un escenario futuro que contemple esa adopción, de forma sostenible, permanente e integral.
Las autoridades locales no se sienten responsables de estos temas ni asumen plenamente esa responsabilidad, a pesar de que sus comunidades exigen más acciones. No hay recursos ni conocimiento para manejar un problema tan complejo.
En este orden de ideas, se debe considerar, con seriedad, el papel de los municipios en la gestión de convivencia y de seguridad de toda la población. Es un proceso que tomará tiempo, pero es factible en la medida que empecemos a utilizar como sustento filosófico el “desarrollo humano sostenible” y la “seguridad humana”, tal como ocurrió en Colombia cuando empezó su proceso de descentralización. A pesar de que no tenemos situaciones de violencia similares, ellos tienen la experiencia suficiente que, como país, debemos aprovechar.
El manejo de la inseguridad requiere el concurso de todos los ciudadanos de cada distrito, sobre todo, en los más violentos, porque urge una respuesta que arroje resultados cualitativos que garanticen la integridad de la vida humana.
Por último, tengo mis dudas de que estemos preparados para iniciar la descentralización sin la debida capacitación de todos los actores, incluyendo, en este caso, a la Policía Nacional.