Descentralización municipal, reavalúos e impuestos de bienes inmuebles

Como un caramelo envenenado parece ser la recién aprobada ley sobre descentralización municipal, reavalúos e impuestos de bienes inmuebles, que impulsa el gobierno, en asocio con una mezcolanza de diputados. Veamos en qué consiste la cacareada ley y los verdaderos intereses que hay detrás.

Bien, hace poco la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, la ley que otorga a los municipios la descentralización, pero elimina de un plumazo los avalúos de las propiedades decretadas de oficio, tal como lo establecía hasta ahora la Ley 8 de 2010. Pero, además, modificaron el Art. 770 del Código Fiscal, para que una vez sancionada la ley, los avalúos parciales y generales se hagan de conformidad a lo dispuesto por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, siempre que respondan a una programación estructurada de conformidad a los procedimientos que establece la norma.

Otra sorpresa es que elimina el artículo que le daba a los municipios la potestad de cobrar y fijar tasas sobre los avalúos de inmuebles, es decir, que hay un retroceso en materia de autonomía municipal, a pesar de que el sector privado pidió la suspensión del proyecto, hasta que se hicieran las consultas a los interesados, es decir, todos los panameños.

La descentralización municipal data de la Ley 37 de 2009, pero durante el gobierno de Ricardo Martinelli la suspendieron por fines políticos. Este gobierno retomó el tema y agregó 69 artículos a la ley existente, sin hacer la debida consulta. Por eso, es un peligro que se cierne sobre las clases pobres, medias y los campesinos, porque contempla la obligatoriedad de estar a paz y salvo en el pago del impuesto de los bienes inmuebles, para aumentar las recaudaciones de 150 millones a 400 millones de dólares anuales. Es decir, si se llegare a sancionar, los pequeños propietarios de casas, apartamentos y fincas agropecuarias quedarían desprotegidos, y con el riesgo de perder su pequeño patrimonio.

Veamos un ejemplo de cómo sería el mecanismo de cobro. Supóngase que una casa tenga el valor actual de 100 mil dólares, pero con la implementación de la nueva ley, al hacerse el reavalúo queda en 500 mil dólares, el impuesto aproximado a pagar sería de 10 mil 500 dólares anuales, es decir, 875 dólares mensuales. A un pequeño productor o ciudadano de clase media, que ha adquirido su casa con hipotecas y préstamos, le sería complicado pagar esa cantidad y, al entrar en mora, sería sujeto de un juicio ejecutivo y posterior embargo de su bien, perdiendo su pecunio.

Para agravar el asunto, quieren hacer cobros retroactivos, a 20 años a un porcentaje establecido por la ley.

Presidente Juan Carlos Varela, usted conoce las dificultades que atraviesa el hombre de campo y los más humildes de este país. Le pido, en nombre de Dios y de los pobres, que vete esta ley por inhumana. Usted se ha confesado católico y seguidor del Papa, demuestre que es un hombre de honor y cumple su palabra, porque “el pueblo es primero”.