Denuncian complicidad de magistrados con Martinelli
Las diferencias de criterio entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia empiezan a carcomer aún más la credibilidad institucional y los casos contra el expresidente Ricardo Martinelli. La pugna se evidencia entre el magistrado Harry Díaz, y los magistrados José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, los dos últimos presidente y vicepresidente respectivamente de éste órgano.
Hay dos términos que enfrentan a los magistrados, claves en el debido proceso: acusación e imputación.
Los querellantes en el caso de los pinchazos telefónicos que esperan la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, alertaron a la ciudadanía de una complicidad entre éste, Ayú Prado y Fábrega para desarticular los procesos en su contra.
Éste último, según los quejosos, ‘intenta minar los procesos contra Martinelli a través de sus actuaciones’. Citan como ejemplo la nota firmada por Ayú Prado en la que se intenta notificar a Martinelli (detenido en la cárcel federal de Miami desde el 4 de junio pasado) sobre la fijación de una audiencia de imputación en el caso de la supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo para que construyera el hospital pediátrico en Veraguas a cambio de contratos de otras obras. Por este caso, en Nápoles, Italia, fue condenado Valter Lavítola, enlace entre los expresidentes Silvio Berlusconi y Ricardo Martinelli en los proyectos de construcción que se adjudicaban en Panamá a las empresas italianas.
Fábrega es fiscal de la causa en el caso Impregilo y en cinco ocasiones envió al juez de garantías Harry Díaz, solicitud urgente para fijar fecha de audiencia de imputación en contra de Martinelli en este caso.
En julio de 2016, no obstante, el magistrado Fábrega rechazó de plano la documentación que respaldaba la investigación contra Martinelli en este caso y ordenó su archivo. Su postura fue desestimada por el resto de la Corte y el caso siguió adelante.
LA ESTRATEGIA
Todo forma parte de una estrategia, dicen los querellantes. Si Díaz acepta una fecha de imputación en el caso de Impregilo, se contradiría en su actuar, puesto que acusó a Martinelli en el caso de los pinchazos. Tema de gran debate entre Díaz y la defensa del expresidente que insiste en que se debió imputar a su cliente. El tema seguramente formará parte de los argumentos de los abogados en el Habeas Corpus que están a punto de presentar ante el tribunal superior de Atlanta, Estados Unidos.
‘El riesgo que se corre con estas notificaciones es que se hagan evidentes situaciones que en Panamá tengan un efecto y puedan ser utilizadas en el proceso de extradición que se surte en Estados Unidos’, indicó Francisco Carreira, del equipo de querellantes. Añadió que el interés de los abogados de Martinelli ‘es comprobar este tipo de violaciones, por eso yo creo que el momento en el cual se hace el envío de estas personas a Estados Unidos puede ser utilizado por la defensa dentro del proceso de extradición que va a surtirse en el Habeas Corpus que aún no se presenta’.
Fábrega decidió enviar una delegación a la ciudad de Miami para informar a Martinelli que se le ha solicitado a Díaz (juez de garantías en el caso) ‘se sirva fijar fecha de audiencia para la formulación de imputación en su contra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Penal (CPP)’ ya que es deber dar conocimiento de tal solicitud de audiencia por requerimiento del magistrado Fábrega’, se lee en la carta firmada por el presidente de la Corte, Ayú Prado, quien firmó la nota del viaje a los funcionarios.
Una clara extralimitación de funciones, según los querellantes, puesto que esta tarea no compete al fiscal de la causa o al presidente de la Corte, sino al magistrado de Garantías, es decir, a Diaz.
FUERON EL 29 DE AGOSTO
Nota en mano, Manuel José Calvo, subsecretario General de la Corte, Aura Tuñón, asistente de la secretaría general y Fermín Bonilla representante de la oficina del magistrado fiscal, arribaron al consulado de Miami el martes 29 de agosto, cuatro días después de que Ayú Prado firmara la nota autorizando el viaje a Estados Unidos y dos días antes de que el juez Edwin Torres emitiera su decisión sobre la extradición.
No obstante, ‘el Consulado envió la nota a la embajada de Panamá en Washington para dar trámite al Departamento de Estado norteamericano, pero esto aún no ha ocurrido’, indicó una fuente oficial a La Estrella de Panamá.
Fábrega pretendía obligar a Díaz a fijar audiencia de imputación contra Martinelli (caso Impregilo) en varias ocasiones. Lo intentó el 8, 22, 24, 25 y 29 de agosto. La última resulta el mismo día en que los funcionarios llegaron al consulado de Miami. Tal vez se trataba de una estrategia de la defensa. Los querellantes dicen que todo tenía un propósito muy bien definido.
‘Nosotros no somos tontos, sabemos de procedimiento y que la intención del magistrado Fábrega, en complicidad con Ayú Prado, era lograr afectar la solicitud de extradición que mediaba a petición del gobierno panameño. La extradición de Martinelli puede afectar todos los procesos, porque una vez se viole el procedimiento en un proceso se pueden caer todos’, indicó el exabogado de Martinelli y querellante en el caso de los pinchazos Rosendo Rivera.
La defensa del expresidente ha recalcado su rechazo a la forma en que procedió el fiscal de la causa de los ‘pinchazos’, Harry Díaz, al acusar -y no imputar- a su cliente.
El Código Procesal Penal indica que una audiencia de imputación no se puede efectuar sin la presencia del señalado. Estando Martinelli preso, sin una fecha concreta de retorno, los querellantes dicen que tienen clara la complicidad entre Ayú, Fábrega y Martinelli.
La defensa de Martinelli ha llevado este argumento a la Corte del Distrito Sur de la Florida esperando que el juez Edwin Torres, entonces encargado de decidir sobre la certificación de extradición de Martinelli, lo considerara como parte de las violaciones al debido proceso.
‘No creemos, Luis Ramón Fábrega y José Ayú Prado, que las intenciones de ustedes sean invalidar mediante sus actuaciones el proceso para que luego ustedes mismos declaren la nulidad de actos procesados por su persona’, manifestó Rivera.
El magistrado Ayú Prado o Fábrega decidieron no hacer un prounciamiento al respecto, según comunicó el departamento de comunicación del órgano judicial.
En Panamá, el fallo del juicio es el único caso donde se requieren 6 magistrados para condenar. Con 4 magistrados que estén a favor del exmandatario puede quedar libre.
¿QUIÉN ORDENÓ EL VIAJE A MIAMI?
Los querellantes en el caso de los ‘pinchazos’ enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, en la que solicitan respuestas puntuales sobre el viaje que efectuaron tres funcionarios del órgano judicial a Miami para notificar al expresidente, en la prisión federal de esa ciudad, que se ha solicitado al juez de Garantías una fecha de audiencia.
‘La intención de Ayú Prado la queremos saber, así como aspectos puntuales como qué lograron los funcionarios’, indicó el abogado Rosendo Rivera.
Exigen saber a cuánto ascienden los gastos del viaje y bajo qué partida presupuestaria se hicieron los pagos; quién autorizó el viaje; si se utilizaron los conductos diplomáticos para estos casos, es decir, si contó con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También desean saber si se confeccionó una carta rogatoria requerida para estos casos en donde se gestiona la notificación de una persona en el extranjero, y que informe si el señor Fermin Bonilla viajó a Miami en representación del despacho del magistrado fiscal o si el mismo acudió en representación de la presidencia o vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Los querellantes piden a Ayú Prado que les aclare si Harry Díaz, juez de garantías en el proceso, dio la orden o agendó audiencia alguna dentro de la causa. En cualuier caso, quieren saber quién giró orden a los funcionarios Aura Tuñon, Manuel Calvo y Fermín Bonilla para que comparecieran ante el consulado de Panamá en Miami a fin de notificar al expresidente.
La nota está firmada por Balbina Herrera, Ruben Polanco, Cecilia Torres, Rodolfo Pinzón, Francisco Carreira-Pitti, Osvaldo Galvez, Carlos Herrera Morán y Rosendo Rivera, querellantes en el caso de los ‘pinchazos’ telefónicos por la que se investiga al expresidente. La nota está fechada el 11 de septiembre con copia al magistrado Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega y la Cancillería.
DÍAZ NO TIENE COPIA DE LA CARTA
El magistrado Harry Díaz envió varias notas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado y a la Secretaría Judicial, en las que solicitó las comunicaciones efectuadas en el mes de agosto entre Prado y el magistrado Luis Ramón Fábrega, actuando como fiscal en el caso de supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo, sobre la solicitud de fijación de fecha de audiencia para formalizar la imputación.
La Estrella de Panamá tuvo acceso a las notas enviadas por Díaz y a la respuesta de la secretaría de la Corte en la que informa que ‘no reposa copia ni constancia de recibido o relativas a la solicitud de apoyo dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores para efectuar trámite de comunicaciones, relacionado a la causa 627-16 por parte del magistrado Fábrega en calidad de fiscal, ni por parte de Prado como presidente’. Esta nota fechada el 4 de septiembre la firma Yanixsa Yuen, secretaria general de la Corte, en respuesta a la inquietud de Díaz.
‘Para mí -manifestó Rosendo Rivera- las intenciones son claras, dejar minado o viciado el proceso para que luego lavándose la cara, declaren la nulidad de parte o de todo el proceso contra Martinelli’.
En consulta el magistrado Díaz se indicó que prefiere no opinar acerca de las notas o la carta firmada por Ayú Prado en la que autoriza el viaje a tres funcionarios de la Corte para notificar al expresidente Ricardo Martinelli sobre audiencia en su contra por el caso en mención. Díaz señaló que no le ha sido entregada copia de la nota que ya solicitó al presidente de la Corte en la que autorizó el viaje a 3 funcionarios a Miami, Fl, Estados Unidos. Al respecto, indicó que prefiere verificar el contenido del documento y reunirse con los querellantes antes de hacer declaraciones a la prensa.
Adelita Coriat
