Decisión de caso Finmeccanica, en manos de firma de abogados
El ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera esperará el estudio legal de la firma Tapia, Linares & Alfaro, que les asesora en el caso de los radares que Finmeccanica vendió a Panamá en 2010.
“ Nosotros seguimos trabajando en todos los frentes. Si Finmeccanica no nos hace llegar una propuesta como aparentemente se comprometió… nosotros seguimos adelante”, dijo el titular.
Advirtió que si los abogados de la mencionada firma recomiendan iniciar un proceso legal contra el conglomerado italiano “ eso es lo que haremos”. Las declaraciones del ministro surgen luego de que venciera el plazo para la entrega de la propuesta.
La firma Tapia, Linares & Alfaro es la encargada de evaluar el contrato de la instalación de 19 radares, de los cuales siete presentan “deficiencias”, y que fueron adquiridos en 2010 a través de Selex, filial de Finmeccanica, por $125 millones.
Finmeccanica se comprometió el pasado febrero con el gobierno panameño a presentar en 30 días, una propuesta formal para solventar los problemas registrados con los radares, pero el plazo venció y la moción, a la fecha, no ha sido entregada.
INFORME DE LA FIRMA
Aguilera espera que el estudio u opinión de la firma de abogados Tapia, Linares &Alfaro le sea entregado en las próximas semanas. Explicó que ya los abogados tienen adelantado el documento.
A juicio de Aguilera, las investigaciones que ha emprendido el Estado respecto al caso Finmeccanica “ van a buen ritmo”. “ Los tiempos de los tribunales son distintos a los tiempos de los medios de comunicación… Todo va caminando a buen ritmo”, enfatizó. También planteó que los expedientes están en italiano y hay algunos que tiene como cinco mil folios, situación que demora el análisis.
REUNIONES Y PLAZO
En noviembre pasado, el Estado comenzó las reuniones con la empresa Selex, filial de Finmeccanica. Sin embargo, hace cinco semanas, el número uno del conglomerado italiano, Mauro Moretti, se comprometió en Roma con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a resolver los defectos técnicos de los equipos. Se pusieron como meta un plazo de 30 días.
Tras las quejas del gobierno panameño por la inefectividad de los radares para detectar las lanchas rápidas que usan narcotraficantes para transportar la droga, la empresa italiana solicitó en noviembre pasado al Ministerio de Seguridad trazar una hoja de ruta para llegar a un acuerdo.
Los radares fueron adquiridos durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), con el argumento de que eran necesarios para combatir el tráfico de estupefacientes.
Por el momento, los directivos de la empresa no se han pronunciado al respecto, a pesar de que este diario ha buscado, sin éxito, sus declaraciones.