Cuatro años de prisión por denuncias falsas a magistrados
Quien endilgue la comisión de un hecho delictivo a Ángela Russo o a Cecilio Cedalise, ambos designados por el Ejecutivo al puesto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y que sea considerado como un falso testimonio, podrá pagar hasta cuatro años de prisión.
La metodología aprobada por la Comisión de Credenciales, el miércoles, establece que las personas que intervengan en el proceso de ratificación deberán hacerlo bajo la gravedad de juramento. Para tal fin, se ha dispuesto que se aplicará la norma prevista en el artículo 385 del Código Penal, que regula el falso testimonio.
El citado artículo establece que el testigo, perito, intérprete o traductor que, ante la autoridad competente, afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.
OPINIONES
La advertencia de la Comisión de Credenciales es bien vista por diferentes sectores, pero también hay opiniones en contra.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, quien dirigió el proceso de las entrevistas públicas a los diez preseleccionados para magistrados, advierte que la medida puede provocar que alguien se abstenga de hacer cualquier acusación porque ‘queda abierto qué señalamiento se va a considerar como un delito y cuál como un cuestionamiento'.
González, además, lo ve como una forma de responsabilidad.
‘Si vas a un lugar y le endilgas a alguien la comisión de un posible delito, debes tener un mínimo de pruebas o de convicción de que es así', advierte el procurador de la administración.
También agrega el abogado del Estado que la medida se puede interpretar como ‘disuasoria' porque quien pretenda presentar una denuncia ‘va a meditar muy bien si va o no', porque lo deberá hacer bajo juramento.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, sentenció que la Comisión de Credenciales ‘ha hecho muy bien, porque en este país hay gente irresponsable que hace acusaciones sin tener pruebas'. Para Álvarez, la misma fórmula debe ser utilizada en otros procesos.
El abogado agregó que es prudente ‘exigir pruebas a quien presente una denuncia ante la Comisión de Credenciales' y que, además, esté consciente de que, de resultar falsa la denuncia, puede ser sujeto de una denuncia o querella por falso de testimonio'.
POSICIÓN DE LA COMISIÓN
El presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, afirmó que como diputados no pueden permitir que alguien, así por así, llegue a la Asamblea Nacional a señalar a alguno de los magistrados designados por un delito tipificado en el Código Penal.
Insistió en que las personas que presenten alguna denuncia deben tener las pruebas correspondientes.
El diputado Arrocha destacó que quien tenga elementos de pruebas ha tenido más que estos días para exponerlas, porque el Ejecutivo convocó a un proceso durante todo el mes octubre, tiempo suficiente para recopilar evidencias que sustenten las denuncias que se vayan a presentar.
Durante el proceso de debates y consultas por parte de los nueve diputados que integran la Comisión, estarán presentes ambos magistrados designados.
Cada diputado de la Comisión tendrá treinta minutos para hacer preguntas y cuestionamientos a los designados.
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PROCESO
Se inicia el proceso de verificación de denuncias
La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recibió hasta ayer objeciones y denuncias contra Ángela Russo y Cecilio Cedalise, quienes reemplazarán a Harley James Mitchell Dale y a Nelly Cedeño en la Corte Suprema de Justicia.
El pleno de la Comisión se reunirá hoy para empezar el debate para la aprobación o no de los dos abogados designados por el Ejecutivo.
Después de pasar el filtro de la Comisión de Credenciales, la ratificación de los dos nuevos magistrados será sometida al pleno legislativo.
Para ser ratificados como magistrados de la Corte Suprema Justicia, según el Reglamento Interno de la Asamblea, cada uno debe obtener 38 votos.
La sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo, se extenderán hasta el 23 de diciembre.