Críticas por carta de Ayú Prado al MP

Representantes de la sociedad civil y abogados advierten que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, pudiera estar interfiriendo en asuntos del Ministerio Público (MP) y sugieren, incluso, que podría tratarse de un caso de extralimitación de funciones.

Sus planteamientos guardan relación con una carta enviada por Ayú Prado a la Fiscalía Sexta Anticorrupción, en la que solicitó la restricción de movimiento de personas que son investigadas en el caso de la llamada red de corrupción que operaba en el Órgano Judicial y cobraba sumas de dinero a cambio de otorgar libertades a personas con procesos penales en el Segundo Tribunal Superior y en juzgados de circuito penal.

En la carta, enviada el 4 de este mes, el presidente de la Corte le solicita al fiscal Aurelio Vásquez “considerar la posibilidad de requerir, a las personas denunciadas e investigadas por supuestos actos de corrupción en el Segundo Tribunal Superior del Ramo Penal, que están suspendidas, que limiten al mínimo su presencia en las sedes de los juzgados y Tribunales Superiores de Justicia”.

Ayú Prado sustenta la petición con un escrito del 28 de enero del presente año, en el que la encargada de la Oficina de Descongestión Judicial, Josefina Sclopis, informa que una de las personas investigadas por la Fiscalía Sexta Anticorrupción acudió a las instalaciones del Órgano Judicial para conversar con una funcionaria de esa entidad.

REACCIONES

El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, consideró que Ayú Prado, como denunciante del caso de la red de corrupción, tiene un papel limitado en las actuaciones procesales de las investigaciones. “El justo equilibrio de derechos de los señalados debe ser resguardado”, indicó.

Anette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), también se pronunció. “Nos parece inaceptable que el presidente de la CSJ sugiera a los fiscales acciones a seguir (…)”. “[Esta es] una denuncia que evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial y que hasta el momento parece no incluir a todos los involucrados, ya que no conocemos de funcionarios con poder de decisión que estén siendo investigados”, dijo.

Y agregó: “en momentos en que lo que se necesita es total transparencia y una clara independencia de los poderes del Estado, la carta puede ser interpretada como una injerencia de la CSJ en el MP”.

Mientras que Kevin Moncada, abogado de Kira Puga, una de las investigadas en el proceso, expresó que la actuación del presidente de la Corte “es insólita”. “El magistrado Ayú Prado actuó como denunciante y los denunciantes no son parte en el proceso”, precisó.

CASO FP

No es la primera vez que se sugiere que Ayú Prado se extralimita en sus funciones. En julio de 2013, Mayté Pellegrini, acusada de la supuesta comisión de delitos financieros en el escándalo de la casa de valores Financial Pacific (FP), reveló en una carta enviada a este diario que el entonces procurador Ayú Prado la obligó a retractarse de declaraciones que había emitido y que vinculaban al expresidente Ricardo Martinelli con una cuenta secreta llamada High Spirit, que se había abierto para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”, “Y que era del presidente Martinelli”.

“Mi retractación fue escrita por [Ricardo] Ricki Solís y José Ayú Prado. Nada de lo que dije salió de mi boca, sino de la de ellos. Incluso cuando estaba por salir, me hicieron regresar y firmar nuevamente, porque habían olvidado algo”, dijo Pellegrini en aquel entonces.

Este medio solicitó la versión del presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, pero una vez que respondió la llamada que este medio le hizo, manifestó “que no podía atender porque estaba en un banco”.

Nota al MP, ¿injerencia del poder judicial?

Rodrigo Noriega | 17 feb 2016 – 00:05h

OPINIÓN. La carta del presidente de la Corte Suprema de Justicia al fiscal sexto anticorrupción llama la atención por dos razones distintas. La primera consiste en que el presidente de la Corte se dirige a un funcionario de nivel inferior de otra entidad del Estado, cuando el sentido protocolar sugiere que el presidente de la Corte debería comunicarse con la Procuradora General de la Nación para solicitarle sus buenos oficios en este asunto. Recordemos que con la reforma constitucional de 2004 el Ministerio Público (MP) dejó de ser parte del poder judicial, y por lo tanto el presidente de la Corte no es superior jerárquico de ningún funcionario del Ministerio Público.

La segunda razón es de fondo. Para resolver el problema con los involucrados en el caso de la “Taquilla”, bastaba al presidente de la Corte emitir una circular o instrucción a la seguridad del palacio Gil Ponce para evitar o restringir la entrada de los sospechosos en el caso de corrupción judicial. Adicionalmente, solo se requerían meras acciones de recursos humanos o una amonestación verbal al personal de la Oficina de Descongestión Judicial para cesar las comunicaciones con terceros implicados en la investigación criminal.

La petición enviada al fiscal sexto casi parece una instigación a solicitar una medida cautelar contra los imputados en la causa de la “taquilla”, para evitar que estos visiten sus antiguas oficinas o se comuniquen con sus excompañeros de trabajo. Ambas acciones las puede implementar la propia Corte por vía administrativa y de recursos humanos, sin necesidad de involucrar al Ministerio Público.