Crisis en la administración de justicia
Uno de los pilares de todo sistema democrático, lo es el sistema de administración de justicia. Precisamente, en Panamá este órgano del Estado atraviesa por una profunda crisis institucional, desde hace muchos años, producto de su subordinación a los sectores de poder y la inconsistencia en sus actuaciones. Si a lo anterior le sumamos la cultura panameña de evaluar la efectividad de la justicia, de acuerdo con lo favorable o desfavorable que sean sus fallos para sus amigos, enemigos, copartidarios, opositores, familiares, etc., o según se afecten sus intereses o los intereses de esas personas, entonces sin duda alguna estamos ante una disyuntiva de difícil solución.
La efectividad de un sistema de administración de justicia depende en gran medida de las personas que ejercen los cargos de jueces y magistrados, quienes son los encargados de dirimir las controversias que ante ellos se presenten. La independencia, imparcialidad, sapiencia y equidad con que dichas personas administren justicia habrá de determinar el nivel de eficacia y credibilidad de dicho órgano del Estado.
Sin embargo, para que los jueces y magistrados actúen con independencia y objetividad es necesario que reúnan ciertas características y condiciones, personales y profesionales, que les permitan no ser susceptibles a las presiones del poder político y económico, que en no pocas ocasiones habrá de intentar utilizar los medios que tiene a su alcance para influenciar el juicio crítico de los administradores de justicia.
Los jueces y magistrados deben ser independientes, tanto de sus superiores, como de los grupos sociales en particular y de los otros órganos del Estado. Deben gozar de independencia de criterio, es decir, tener la suficiente formación jurídica para desentrañar las controversias de acuerdo con el derecho, además de carácter y estabilidad emocional que les ayude a afrontar las presiones propias del cargo.
Estas cualidades no son fáciles de encontrar e identificar a primera mano, sin embargo, hay mayor posibilidad de ubicarlas si a la hora de hacer la designación se escogen a personas sin compromisos políticos, que no tengan dependencia económica de quien los nombra, con reconocida trayectoria profesional y personal, y capaces de someterse al escrutinio público previo a su nombramiento.
Debemos tener claro que la individualidad del magistrado no lo es todo para garantizar una recta administración de justicia, y que el compromiso de todos los sectores sociales de someterse a la justicia y de respetar las decisiones jurisdiccionales es parte importante del fortalecimiento del sistema. Este compromiso incluye a los ciudadanos en particular, a los grupos políticos, a la sociedad civil, a los gremios de trabajadores y empresarios, a los medios de comunicación, al Gobierno y a todo el conglomerado social en general, quienes deben entender que una administración de justicia fuerte y transparente es un elemento esencial para la seguridad jurídica y, por ende, para la democracia.
Supeditar la aceptación o crítica del sistema de justicia, a la conveniencia o no de sus fallos a nuestros intereses, no solo es una postura contraria a los principios y valores éticos y morales, sino que pone en peligro tan importante institución del sistema democrático, debilita las bases de la sociedad y crea un mensaje de oportunismo e impunidad en extremo peligroso.
De igual manera, pretender designar en la posición de jueces o magistrados a determinadas personas, en razón de su grado de afinidad, amistad o sumisión con quien les nombra, crea un círculo vicioso que compromete la independencia de los órganos del Estado, la seguridad jurídica y la vigencia del derecho en la sociedad.
La justicia suele definirse como darle a cada quien lo que le corresponde, y eso conlleva que todos aceptemos el respeto a la Constitución y la ley, por ende, a los tribunales y sus fallos; que afrontemos la responsabilidad derivada de nuestros actos; que exista seguridad jurídica en la sociedad y certeza del castigo para quien infrinja la ley.
El adecentamiento de la administración de justicia es tarea de todos, y debe ser un compromiso de Estado. Los discursos y las promesas políticas que se lanzan en campaña y se olvidan en Gobierno, ya no tienen cabida. O asumimos con seriedad la tarea de rescatar nuestra administración de justicia o nos condenaremos a vivir para siempre en una sociedad sin ley ni orden, en la que imperaría la voluntad del más fuerte, el “juega vivo” y la inmoralidad. Sociedad que, sin duda alguna, se sumergirá en el caos y en la destrucción total de la democracia.