Credenciales archiva ocho denuncias contra Ayú Prado
Cuatro horas, alargadas por los recesos y algunos altercados, fueron suficientes para que los diputados descartaran ocho denuncias contra el magistrado José Ayú Prado, reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia y acusado de abuso de poder.
Los ocho casos, que presentó entre 2014 y 2015 el juez suspendido Juan Domingo Ibarra, a través de sus abogados David Sittón Burgos y Euclides Castillo, fueron acumulados en un solo expediente y este miércoles fueron archivados por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, alegando falta de pruebas, bajo la figura denominada ‘elementos de convicción'.
En ese punto, los diputados se basaron en el Código Procesal Penal (modificado con la Ley 55 de 2012) que no habla de pruebas sumarias, pero exige al denunciante o querellante elementos de convicción suficientes e idóneos para acreditar la comisión del delito.
El juez acusó a Ayú Prado de delitos contra la administración pública, por ordenar un proceso en su contra, por persecución y por influir en sus superiores para que lo despidieran.
‘Al analizar las denuncias y querellas presentadas contra el magistrado Ayú Prado… los comisionados nos percatamos de que los letrados en referencia no aducen prueba alguna y al contrario solicitan a esta Comisión la práctica de las mismas… ‘, señala la resolución legislativa que archiva los procesos.
Además, el documento agrega que en la etapa de admisión de denuncias, para pasar al proceso judicial, no corresponde la función judicial de solicitar o practicar pruebas, porque al hacerlo se estaría contaminando la función de juez.
ALIANZA CON CD-PRD
La votación se zanjó con siete votos contra uno, a favor de desestimar la solicitud de investigación. La propuesta contó con el apoyo de los panameñistas Jorge Iván Arrocha (presidente), Florentino Ábrego y Katleen Levy; y los opositores Rony Araúz, Mariela Vega y José Muñoz, de Cambio Democrático, y Alfredo Pérez, del PRD.
La perredista Zulay Rodríguez, encargada del informe sobre el caso y que pedía juicio público contra Ayú Prado, fue la única a favor de la investigación.
El diputado perredista Benicio Robinson, miembro de la Comisión, no estuvo presente durante la sesión.
VARELA ACUSA
El juez Ibarra denunció que los diputados escondieron las pruebas de los casos y las copias simples de las denuncias e hicieron ‘un show'.
‘Ellos (los diputados) llegaron sin leer nada… son abogados no sé de qué', reprochó.
Sobre la trayectoria del denunciante, el diputado José Luis Varela acusó a Ibarra de haber favorecido la protección de un persona sindicada por lavado de dinero para que no pudiera ser detenido en su país. ‘Es un juez que no tiene la moral para hacer este tipo de denuncias contra Ayú Prado', agregó Varela, a lo que Ibarra respondió que no es un corrupto.
RECIPROCIDAD
Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, comentó que el sistema de juzgamiento recíproco entre magistrados y diputados no funciona.
‘En la Corte archivan los expedientes contra magistrados y en la Asamblea no admiten las denuncias contra magistrados. Es el principio de reciprocidad. Así de sencillo', manifestó.
Juan Carlos Araúz, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, explicó que la función judicial en manos de la Asamblea Nacional debiese contribuir a la paz social, pero su funcionamiento provoca una serie de cuestionamientos que ponen de manifiesto la necesidad de eliminar esas atribuciones con una reforma constitucional.
‘El modelo de juzgamiento político debe desaparecer. Lo político opaca la fuerza de los conceptos jurídicos y la profundidad de las instituciones del derecho', acotó.
Para el abogado y activista de derechos humanos Carlos Lee, la supeditación de la aceptación de las denuncias a las pruebas presentadas son ‘privilegios' que mantienen los magistrados y los diputados. A su juicio, es a todas luces ‘un privilegio que violenta los principios constitucionales que plantean que no habrá fueros ni privilegios'. ‘En Panamá sigue habiendo ciudadanos de primera y segunda categoría… En la ley quitaron la palabra prueba sumaria, pero exigen elementos de convicción que es lo mismo', cuestionó Lee.
Edna Ramos, expresidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas, coincidió en que no se requiere prueba sumaria para dar curso a las denuncias.
‘La ciudadanía panameña ha evolucionado y ahora exige nuevos parámetros de transparencia y probidad a los funcionarios públicos, más aún a los llamados a administrar justicia, lo que en este caso corresponde a los miembros de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional', precisó.
Nelva Reyes, secretaria general de la Central General de Trabajadores de Panamá, planteó que Ayú Prado debe separarse del cargo para permitir las investigaciones pendientes y reprochó que los diputados dilatan intencionadamente sus decisiones sobre los casos de alto perfil.
La Corte Suprema informó que Ayú Prado está fuera del país y no hará comentarios por el momento sobre la decisión de la Asamblea.