Corte declara inconstitucional un artículo de la “ley blindaje”
El camino de los procesos contra el expresidente Ricardo Martinelli quedará despejado una vez la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haga público y definitivo el fallo que declara inconstitucional un artículo de la polémica ‘ley blindaje'.
El artículo 491-A, declarado inconstitucional en votación unánime por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, establece que el magistrado fiscal que investigue a un diputado, ya sea de la Asamblea Nacional o del Parlamento Centroamericano, tiene un plazo de dos meses para concluir la investigación en los procesos abiertos a los funcionarios de elección popular.
En el caso de imputación compleja, dice la Ley 55, el plazo para la investigación podrá prorrogarse por un término de dos meses adicionales.
Cuando el imputado considere que se ha excedido el plazo establecido para concluir la investigación, podrá solicitar al magistrado de garantías fijar una fecha para la imputación de los cargos, audiencia en la que se tendrá que extinguir la acción penal.
CAUTELA DE ABOGADOS
Algunos abogados opinaron ayer sobre la decisión de decretar inconstitucional el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012. Hay quienes piensan que aún hace falta ver ciertas modificaciones que quedan vigentes en la polémica ley.
El equipo de defensores de Martinelli prefiere, por el momento, abstenerse y esperar para hacer un análisis que les permita conocer a fondo el fallo. Han decido mantener reserva y no opinar hasta que se emita y esté en firme el fallo.
Rogelio Cruz, abogado del expresidente, dijo que no opinarán mientras no tengan el documento en sus manos.
Contrario a esta posición, el abogado Carlos Rubio, del Partido Popular y uno de los juristas que demandó la ley por considerarla inconstitucional, califica el fallo como ‘histórico' porque reafirma el principio constitucional de que en Panamá no hay fueros ni privilegios.
Agrega que el fallo de la Corte ‘es una victoria al régimen de impunidad que el pasado gobierno quería implementar'.
Quien ve como parcialmente positivo el fallo es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, quien dijo a La Estrella de Panamá que la decisión de la Corte es ‘un avance', pero reprochó que no se tome una decisión para el resto de la Ley 55.
Aún está vigente que quien demande a un diputado debe presentar la prueba sumaria.
‘Las inconstitucionales rigen hacia el futuro y estoy seguro de que la defensa de Martinelli va a alegar que se le comenzó a juzgar con una ley y hay principio favorable', advierte el presidente del CNA.
Otro que ve con cautela la decisión es el diputado panameñista Jorge Alberto Rosas, quien vaticina que no será fácil avanzar en el proceso. ‘La defensa de Martinelli podría pedir una aclaración de sentencia para atrasar y entorpecer la justicia', adelanta el diputado.
Rosas fue el fiscal en la investigación al magistrado de la Corte Víctor Benavides. También opina que hay que declarar sustracción de materia en el tema del artículo 491-A, pero los otros artículos deben ser considerados por la Corte.
DGI INVESTIGA
La declaración de inconstitucionalidad surge en momentos en que los abogados defensores denuncian que el gobierno está usando la Dirección General de Ingresos (DGI) como herramienta de persecución política contra quienes defienden o apoyan al exmandatario, hoy autoexiliado en Miami.
Sitton y Cortes, ambos abogados del exmandatario Ricardo Martinelli, han recibido en una semana la visita de inspectores de la DGI, dependencia encargada del cobro de impuestos.
La actuación de la DGI es calificada por los abogados del exmandatario como ‘persecución política' del gobierno, por el simple hecho de ser parte de su equipo legal.
Ayer, el bufete de abogados al que pertenece Cortés fue allanado por funcionarios de la DGI. Según la exministra, solicitaron registros contables y la lista de clientes desde el 2012 hasta el 2014.
Cortés dejó claro que la firma a la que pertenece ha presentado todas las declaraciones de renta de forma oportuna. Asegura que luego de su salida del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, del que fue titular en el gobierno de Martinelli, la actual administración no ha encontrado un solo acto de corrupción en su contra.
La semana pasada, Sitton fue informado de una auditoría que realizará la DGI. Pocas horas antes, había revelado la existencia del grupo de abogados denominado ‘La Taquilla', pero sin que hasta el momento lo haya denunciado formalmente ante los tribunales.
El exmandatario, quien estuvo muy activo ayer desde su cuenta de Twitter, a la que ha convertido en su trinchera, asegura que acusó al gobierno de Juan Carlos Varela de usar la entidad recaudadora de impuestos para amenazar y amedrentar a sus abogados y coaccionar testigos.
En uno de los tuits, escribió que ‘todo el que se oponga a la dictadura, es amenazado o le mandan los auditores o les inventan casos. Funcionan como un reloj la justicia selectiva'.
‘SER ABOGADO NO ES UNA CORAZA'
Desde la óptica de analistas políticos, que haya persecución política es puesto en dudas.
‘Es muy fácil acusar a la DGI de persecución política', dice Menalco Solís, quien fue el segundo director desde que se creó la DGI, y agrega que entre las funciones de la entidad está la obtención de la confianza de los contribuyentes y perseguir a los evasores.
‘Ser abogado del expresidente no es una coraza para que no se le pueda hacer una auditoría como al resto de los panameños', precisa Solís, quien no está seguro de que se trate de persecución por razones políticas, como señala la defensa de Martinelli.
Por su parte, el analista de mercado Jaime Porcell resume en dos puntos las obligaciones de la DGI.
La primera es que la entidad está obligada a hacer auditorías y los panameños deben tener todo en regla.
La segunda es que ‘sería penoso usar a la DGI en una dirección política; sin embargo todos los panameños debemos tener todos los documentos en regla'.
Porcell cierra con una advertencia: ‘Si me matriculo en el grupo de los opositores radicales, tengo que estar preparado. El Estado puede defenderse con medios legítimos'. Es muy fácil acusar a la DGI de persecución política, pero la DGI se estaría haciendo un flaco favor si permite que la usen con este objetivo, porque le resta credibilidad.
‘Tengo grandes dudas de que el actual director de la DGI se preste para la persecución política… a él no le conviene que su imagen quede como la de un perseguidor político. Su función es recaudar más impuestos.
Ahora hay que esperar a que la Corte Suprema divulgue el fallo definitivo con respecto al artículo 491-A de la ley, lo que permitirá definir el rumbo de los procesos judiciales que se siguen al expresidente Martinelli.