Cobranzas Del Istmo Obtuvo $54 Millones En Comisiones
ministerio, en julio de 2014, se le habían emitido pagos adicionales a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que durante la administración de Ricardo Martinelli había recibido $47 millones en concepto de comisiones por el cobro de impuestos morosos.
Tras pensarlo unos segundos, el ministro contestó, sin dar mayor importancia ni detalles: ‘Es posible que sí' .
Solo después de que el propietario de CISA, Cristóbal Salerno, fuera llamado a declarar ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, el 20 de mayo de 2015, se pudo conocer que los pagos a la empresa se habían retomado desde noviembre de 2014. Y el último de ellos se había entregado tres meses antes de la entrevista que le hizo este diario a De la Guardia.
En total, la nueva administración había pagado ya a CISA más de $7 millones, elevando hasta los $54 millones el pago de comisiones por la gestión de cobros entre los años 2010 y 2014.
Contrario a lo que se había pensado hasta el momento, que CISA había recibido $47 millones por su gestión, ahora dos auditorías internas del MEF dejan en evidencia que en realidad fueron $54 millones.
La Estrella de Panamá pudo constatar que según consta en el expediente hay un informe denominado ‘Auditoría Especial N° 111-OAyFl-2014', del 27 de octubre de 2014, confeccionado por instrucción directa del ministro De la Guardia, los pagos del MEF se iniciaron en 2011, cuando se le emitieron a CISA cheques por $829 mil. Al año siguiente, en 2012, las comisiones aumentaron a $6 millones; en 2013, sumaban $9.6 millones. Y entre enero y abril de 2014, en pleno proceso electoral, se le pagaron a CISA $30.6 millones más.
Además, posteriormente este diario tuvo acceso a otro informe denominado ‘Resumen de transferencias electrónicas realizadas a Cobranzas del Istmo S.A.' elaborado por el Departamento de Auditoría Interna del MEF en el cual se detallan los pagos realizados a CISA en la administración de Juan Carlos Varela, el cual evidencia el pago por $7 millones.
Lo que nadie sospechaba era que, en momentos en que ya se discutía la inconstitucionalidad del contrato, los pagos continuarían. El 19 de noviembre de 2014, el MEF hizo una transferencia bancaria a CISA por $475 mil. En diciembre de ese mismo año, fueron tres transferencias, por $454 mil, $631 mil y $1.9 millones. El último pago, en enero de 2015, fue de $3.6 millones, bajo la gestión del actual contralor, Federico Humbert Arias.
Los dos últimos pagos, hechos en diciembre de 2014 y en enero de 2015 (que suman $5.5 millones) se hicieron efectivos mientras el ministro imponía una querella contra el exdirector de Ingresos, Luis Cucalón, por presunta falsificación de documentos para favorecer de manera directa a la empresa de Salerno.
Paralelamente, desde el MEF se solicitaba a la Contraloría que se auditara el Contrato 100 del 25 de agosto de 2010, entre CISA y el Estado, por presuntas irregularidades, detectadas a través de auditorías internas.
Si la tramitación de estos pagos se había iniciado antes del cambio de gobierno, lo que no se explica es la razón por la que, finalmente, estos fueron aprobados, dadas todas las sospechas que recaían sobre la contratación de la empresa.
‘Nadie tiene la potestad para suspender un pago refrendado por la Contraloría', señaló De la Guardia en respuesta a esta interrogante.
Pero las dudas con relación a los pagos no terminan allí. En su declaración jurada del 25 de mayo de 2015 ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, Cucalón aseguraba que durante su administración a CISA sólo se le pagaron $39 millones. ¿Y los restantes $15 millones?
La defensa de Cucalón pedirá a la fiscal Cuarta Anticorrupción que se remita un informe de los últimos pagos para que adjuntarlo al expediente.
En su declaración jurada del 25 de mayo pasado, Cucalón también explicó que hubo presiones para que los pagos a CISA fueran express .
‘El contrato decía que había que pagar en cinco días a la empresa, por ideas de la contralora y de no me acuerdo de quién del MEF', relató Cucalón en su indagatoria.
El exdirector fue señalado por Salerno por, supuestamente, haberle solicitado $6.8 millones para agilizar los trámites para el cobro de las comisiones que se ganaba Cobranzas del Istmo, S.A.
Cucalón, que se encuentra en prisión preventiva por presunto delito contra la administración pública, aceptó el pago de ese dinero, pero se excusó diciendo que era por una deuda atrasada.
¿QUIÉN VELÓ POR EL ESTADO?
Otro de los puntos que salieron a relucir en el testimonio de Cucalón fueron los pocos esfuerzos que se hicieron por velar por los intereses del Estado, en relación a la ejecución del Contrato 100 del 25 de agosto de 2015.
Según la cláusula Décimo Primera del documento, se debía establecer un cómite de seguimiento que supervisara la ejecución del contrato. El comité debía dar constancia escrita de su labor de fiscalización.
Pero, durante la indagatoria, el mismo Cucalón confesó que no hubo reuniones periódicas de este comité y que tampoco se dieron los informes escritos. ‘En eso fallé', reconoció.
El departamento de Auditoría Interna del MEF, llamado a desempeñar un papel fundamental, ‘auditaba al azar y lo reportaba al ministro y al viceministro del MEF. Dudo que haya hecho informe formal; solo enviaba correos', dijo Cucalón.
Al departamento de informática, a cargo de Edmundo Arce, y posteriormente a Gustavo Cheri, les correspondía realizar el cálculo de las comisiones.
Pero en un correo electrónico enviado por Cucalón el 25 de mayo de 2011, increpaba al jefe de cómputo por la falta de rigor en el cálculo de las comisiones.
‘Él cambiaba el método de las comisiones, un mes para un lado y un mes para otro lado. Yo le dije que parara el relajo. Tú fuiste banquero. Sabes que eso no es así', decía Cucalón.
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SOLICITUD
Harry Díaz pide derecho a réplica
A través de una carta dirigida a la dirección de este medio, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz solicitó una réplica para aclarar que él no ha sido imputado, involucrado ni ha sido beneficiado con el contrato de Cobranzas del Istmo, S.A.
‘La defensa del exdirector de Ingresos, Luis Cucalón, me solicita en calidad de testigo', añadió.
El magistrado aseguró que no estuvo de acuerdo con la tercerización de los impuestos morosos efectuada durante la pasada administración de gobierno.
Aunque reconoce que la intención de reducir la morosidad del fisco era buena , él considera que este sistema creaba una ventana que facilitaría la corrupción, ‘como aparentemente ha sido el caso', añade.
El magistrado, además, hace referencia a que sólo era coordinador del despacho jurídico del viceministro de Finanzas (Dulcidio De La Guardia) cuando se procedía a la contratación de la empresa gestora de cobros.
En esas funciones solo se limitó a revisar, como parte de la comisión evaluadora, los requisitos para la contratación del gestor de cobros del Estado. ‘Asesoraba, pero no me competía decisión alguna', manifestó.