CNA pide sanciones penales para políticos
El incumplimiento de las promesas hechas durante las campañas políticas podría estar sujeto a sanciones.
Al menos a ello aspira el Colegio Nacional de Abogados (CNA), que hizo la propuesta en medio de las discusiones generadas por la Comisión de Reformas Electorales.
El CNA recomienda establecer una norma que permita a los ciudadanos reclamar judicialmente a los partidos políticos y candidatos, de manera individual, cuando incumplan las promesas electorales.
El presidente del gremio, José Alberto Álvarez, aseguró, en un mensaje enviado a sus agremiados, que el ‘incumplimiento, —de las promesas debería— configurarse como delito y permitir a los ciudadanos el reclamo judicial'.
En tiempos de campaña, los panameños son abrumados por la publicidad y las promesas de los candidatos, alega Ávarez.
‘Prometer y no cumplir es ni más ni menos que una estafa', sostiene Álvarez, quien recordó que, el 25 de marzo de 2009, el Juzgado Mercantil 4 de Madrid, sentenció en relación a una demanda por publicidad engañosa presentada contra el Programa Electoral del PSOE de 2004, ‘que los partidos políticos no son empresas; y que por ello no se les puede reclamar judicialmente el cumplimiento de sus promesas electorales'.
Lo antes mencionado no prosperó judicialmente, a juicio del presidente del CNA, por la falta de una norma como la que ahora proponen.
La falta de una norma de este tipo, que permita a los panameños reclamar el cumplimiento de las promesas políticas ‘es una de las fallas de nuestro sistema democrático', aduce el presidente del Colegio.
Solo en la pasada campaña los políticos repartieron electrodomésticos en lugares donde no existe fluido eléctrico y hasta usaron recursos del Estado para sus campañas.
El Tribunal Electoral encontró pruebas y anuló las elecciones para elegir las autoridades.
‘Mientras se permitan esas prácticas, nuestra democracia seguirá viciada. Ya no hay ‘paquetazos', ni ‘actasos'; pero hay abusos sin castigo. ‘El político que reparte dádivas se siente seguro de que compró el voto y, por tanto, de que su actuar en el Gobierno, sea Ejecutivo o Legislativo, no está sujeto a escrutinio ni a reclamo ciudadano', opina el presidente del Colegio de Abogados.